En un momento en que la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa una crisis global, Colombia no es la excepción. Aunque el país mejoró dos puntos (pasó a 49 %) en el Barómetro de Confianza de Edelman 2025, que encuestó a 33.000 personas en 28 países, sigue entre las naciones con mayor desconfianza hacia las instituciones públicas y privadas. El promedio mundial es del 56 %.

Este fue el punto de partida del foro #Uniandes de cara al País, realizado en Los Andes y moderado por Santiago Restrepo, presidente del Consejo Estudiantil. El encuentro reunió a Diana Durán, profesora de la Facultad de Derecho; Juan David Gutiérrez y a María Margarita 'Paca' Zuleta, los dos profesores de la Escuela de Gobierno, para debatir sobre la Institucionalidad.

Las instituciones colombianas han demostrado madurez y solidez frente a los desafíos políticos recientes. “El Congreso y las instituciones en general están fortalecidas. Los frenos y contrapesos han cumplido su trabajo”, afirmó Diana Durán.

Además, subrayó que tanto el Congreso como la Corte Constitucional han respondido históricamente con firmeza frente a los intentos de concentración del poder, como ocurrió en el 2008 con el fallido referendo para la segunda reelección del expresidente Uribe. En su opinión, el rechazo del Congreso a la consulta popular propuesta por el actual gobierno es otro ejemplo del funcionamiento saludable de los pesos y contrapesos en la democracia colombiana. “Colombia ha llegado a una madurez institucional que debemos proteger y eso solo se logra con la participación democrática”. 

Por su parte, Juan David Gutiérrez reconoció avances y rupturas en la labor legislativa del actual Congreso. A su juicio, uno de los cambios positivos ha sido la inclusión de temas estructurales en la agenda pública, como las reformas laboral, pensional y de salud, que antes se mantenían marginadas por las discusiones de orden público o conflicto armado. 

Sin embargo, advirtió que persisten prácticas políticas tradicionales que limitan la independencia del Legislativo: “A pesar de los momentos de autonomía, el Congreso sigue teniendo una relación transaccional con el Gobierno. En muchas ocasiones las decisiones se basan en el ‘qué me das a cambio de mi voto’ ”, señaló. 

La Paca Zuleta evocó épocas en las que asistir a los debates del Congreso era un ejercicio de ciudadanía informada, mientras que hoy las discusiones se perciben improvisadas o superficiales. “El desgaste transaccional de los partidos también ha deteriorado esa función”, añadió.  No obstante, hizo un llamado a defender al Congreso como institución, más allá de la percepción negativa hacia sus integrantes: “Que no nos gusten muchos congresistas no quiere decir que no defendamos el Congreso. Amenazar su existencia es minar la representación ciudadana y los pesos y contrapesos de nuestra democracia”. 

Tras debatir sobre el Congreso, el foro se centró en otro pilar de la institucionalidad: la Rama Judicial. La conversación, moderada por Santiago Restrepo, presidente del Consejo Estudiantil, giró en torno a dos preguntas: ¿cuál será su papel frente a las tensiones entre las altas cortes? ¿cómo influyen el activismo judicial y la legitimidad de la justicia en la democracia? .

La Paca Zuleta advirtió que hablar de la Rama Judicial no puede reducirse a hablar únicamente de la Corte Constitucional. “Aunque la Corte es fundamental y actúa como guardiana de la Constitución, permitiendo el desarrollo de los derechos, las obligaciones ciudadanas y la responsabilidad del Estado, no podemos olvidar que la justicia va mucho más allá de esa instancia”. 

Desde su experiencia como viceministra de Justicia, Zuleta recordó uno de los problemas estructurales que más le sorprendieron durante su paso por el ministerio: la sobrecarga de procesos hipotecarios en los despachos judiciales. “En ese momento, una parte enorme de la Rama Judicial estaba dedicada a manejar procesos hipotecarios, lo cual era un drama, porque reflejaba una deficiencia de oferta y de administración de justicia para los ciudadanos en general”. 

Explicó que la situación se debía a la crisis del sistema Upac, que llevó a miles de familias a presentar demandas por pérdida de vivienda. Aquella congestión judicial mostraba cómo la justicia estaba concentrada en un solo tipo de negocio —importante por permitir el acceso a la propiedad raíz—, pero, por otro lado, persistía la impunidad en materia penal, que dolía al ciudadano de a pie.  Con el tiempo, esa carga ha disminuido gracias a reformas procesales como el Código General del Proceso, pero la experiencia dejó una lección: cuando la justicia se desborda en un frente, pierde capacidad de responder a la ciudadanía en los demás. 

Además, señaló que el activismo judicial ha sido un mecanismo para hacer cumplir derechos y garantizar el acceso a la educación, a la salud o a la igualdad ante la ley. Sin embargo, advirtió que el equilibrio es frágil y requiere reflexión constante. “No es lo mismo una tutela que garantiza el acceso a un tratamiento médico urgente que una tutela que exige una cirugía plástica. Son discusiones diferentes, y debemos darlas con seriedad si queremos fortalecer la justicia”, señaló. 

Para Juan David Gutiérrez, la Rama Judicial es el fusible de una democracia. Cuando se quema —dijo— el sistema se apaga. Comparó la situación de Colombia con la de otros países donde los tribunales han sido cooptados o politizados: “En México cambiaron las reglas para que pudiera quedar en control de los poderes políticos y en Estados Unidos la Corte Suprema se volvió aplastantemente conservadora. Aquí, en cambio, la justicia goza de buena salud”. 

No obstante, Gutiérrez advirtió sobre una deuda pendiente: las cortes dictan fallos loables pero a menudo imposibles de ejecutar. “Si las decisiones judiciales son incumplibles, terminan revictimizando a quienes buscan justicia”. Por eso, insistió, los magistrados deben entender mejor cómo funcionan las políticas públicas y los tiempos del Estado. “No se puede ordenar algo para tres días hábiles cuando ni siquiera se ha trabajado nunca en una entidad pública. Eso es desconocer la realidad del país”. 

Diana Durán, por su parte, recordó uno de los ejemplos más claros de la relación entre política y justicia: la implementación del acuerdo de paz de 2016. “No olvidemos que el acuerdo de paz ganó el No y, sin embargo, se implementó con apoyo del Congreso y de la Corte Constitucional. ¿Qué más político que eso?”, señaló. 

El profesor Andrés Caro, de la Facultad de Derecho de Los Andes, se unió al panel para analizar el papel del presidente como jefe de Estado y jefe de Gobierno. Explicó que, según la Constitución, el mandatario cumple cuatro funciones: jefe de Estado, jefe de Gobierno, máxima autoridad administrativa y comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía. Recordó el modelo de Estados Unidos en el que el presidente puede perdonar personas condenadas, mientras que el nuestro solo puede promover una ley de amnistía o de indulto. 

Sobre la continuidad de las políticas públicas, Juan David Gutiérrez planteó que no toda política de Estado es necesariamente buena. “Una política que trasciende gobiernos no es buena por definición. En Sudáfrica, por ejemplo, las políticas de segregación racial fueron políticas de Estado que duraron décadas, y no por eso eran correctas”. 

A su juicio, lo fundamental es evaluar las políticas por sus resultados y no por su permanencia, reconociendo que muchos desafíos nacionales requieren esfuerzos sostenidos más allá de un solo gobierno. “Hay retos de política pública que no se resuelven en cuatro años, pero eso no significa que las democracias no sean capaces de grandes programas de largo aliento”, explicó. Para ello, es clave fortalecer las organizaciones públicas y la burocracia técnica que den continuidad a los procesos, independientemente del gobierno de turno. 

El foro dejó una idea clara: la democracia requiere instituciones sólidas, pero también ciudadanos vigilantes, debates informados y decisiones públicas sostenidas en evidencia. En un país donde la confianza oscila y las tensiones políticas son constantes, proteger las instituciones implica no idealizarlas, sino exigirles resultados, cercanía y capacidad de respuesta. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad: convertir la desconfianza en participación y la crítica en una fuerza que mejore el funcionamiento del Estado.