El borrador de la Ley de Competencias, la norma llamada a redefinir el reparto de funciones y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, abrió un debate nacional sobre el futuro de la descentralización en Colombia. La propuesta —que busca reglamentar el acto legislativo aprobado en 2024, el cual aumentó en un 50 % los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)— promete transformar la relación entre el Gobierno central y los territorios, al trasladar gradualmente funciones y responsabilidades en sectores clave como salud y educación.

En este contexto, los Foros Uniandes de cara al país dedicaron su tercera edición a reflexionar sobre los retos que plantea esta nueva etapa de la descentralización. La iniciativa, liderada por estudiantes de distintas facultades, reunió voces expertas y perspectivas ciudadanas para analizar cómo gobernar un país tan diverso, desigual y fragmentado desde los territorios, y aportar ideas al debate nacional de cara a las próximas elecciones presidenciales y legislativas.

Oswaldo Pérez, estudiante de la Escuela de Gobierno y Asuntos Públicos, abrió el panel con una pregunta que marcó el tono del debate: “¿Cómo se gobierna un país tan diverso, tan desigual y tan fragmentado y aún con rasgos coloniales desde los territorios?” A partir de esta reflexión, Pérez invitó a los panelistas a describir el estado actual de la descentralización en Colombia. 

Claudia Ospina, economista y asistente sénior de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), planteó una crítica directa al proceso descentralizador iniciado hace más de tres décadas. 

“No hicimos una descentralización real. Matamos el tigre en la Constitución del 91 y nos asustamos con el ‘volver atrás’. Hoy tenemos menos descentralización de la que quisimos y necesitamos para gobernar este país tan diverso”, afirmó. 

Desde una perspectiva complementaria, Camilo González, director de Investigación y Consultoría de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que parte del debate sobre la descentralización se ha concentrado más en la discusión financiera que en la definición de responsabilidades. “En una ocasión realizamos grupos de trabajo con las secretarías de Planeación y Hacienda, y la conversación giró principalmente en torno a cuánto alcanza y cuánto no. Es una discusión marcada por la angustia presupuestal, más que por una reflexión sobre qué tiene sentido que cada nivel de gobierno asuma”, reflexionó.

El economista Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), reconoció que en Colombia se ha avanzado en la autonomía de las grandes ciudades, pero persisten rezagos profundos en los departamentos y municipios más pequeños. 

“El fracaso de la descentralización radica en no reconocer las divergencias geográficas, culturales y económicas del país. Seguimos diseñando políticas iguales para regiones completamente distintas. No se puede tratar a 964 municipios como si fueran iguales”, advirtió. 

González subrayó que las diferencias territoriales deberían ser el punto de partida —y no el obstáculo— de las políticas públicas, y que mientras los grandes centros urbanos han fortalecido sus capacidades de gestión, buena parte del país sigue enfrentando limitaciones estructurales que impiden una verdadera descentralización. 

Aunque la Constitución Política define a Colombia como un Estado social de derecho, descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales, para Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, la descentralización no puede asumirse únicamente como un mandato constitucional, debe haber una convicción colectiva sobre el desarrollo del país.

“Decir que creemos en la descentralización porque lo dice la Constitución no basta; hay que demostrarle a las personas que es el camino correcto”, señaló.

La economista recordó una anécdota que evidencia esa falta de convicción: “Alguna vez, hablando de propuestas de descentralización, estábamos analizando los territorios del Pacífico colombiano, que cuentan con restricciones de uso del suelo y una enorme riqueza ecosistémica. En medio de la conversación, alguien dijo: ‘Eso no importa, hay que cercar la zona y dejar que la selva crezca’. Y lo decía una persona que, en teoría, creía en la descentralización”, relató.

Acosta subrayó que esta contradicción refleja un problema de fondo: “Mucha gente habla de descentralización sin creer realmente que funcione. El debate se ha centrado en lo práctico y en los recursos, pero necesitamos dar un paso atrás y convencer a la gente de que la descentralización es el camino”.

También cuestionó los prejuicios que asocian la autonomía territorial con mayores riesgos de corrupción. “He escuchado muchas veces que, si se otorga más autonomía a los municipios pequeños, la corrupción se saldrá de control, como si fueran más corruptos por ser pequeños o apartados. Esa visión reproduce desigualdades”, señaló.

Finalmente, recordó que incluso el propio Banco Mundial ha sostenido que pensar en un desarrollo territorial equilibrado va en contra del crecimiento económico, porque las economías de aglomeración favorecen a las grandes ciudades. Pero yo creo firmemente que todos los territorios tienen derecho a tener sus propias agendas de desarrollo, productivo y social.