Grupos armados, economías criminales diversificadas y un Estado con capacidades debilitadas para proteger a la ciudadanía y transformar los territorios son algunos de los problemas de seguridad que deberá enfrentar el próximo gobierno y que fueron analizados por expertos en el foro Uniandes de Cara al País sobre seguridad, realizado en la Universidad de los Andes. 

“La expansión de los grupos armados ha llegado a 562 municipios, los combates han aumentado cerca de 50 % y el área sembrada con coca creció alrededor de 10 %”, afirmó David Flores, estudiante de Economía y de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes y moderador del foro. La violencia se ha vuelto “más difusa y silenciosa” y se ejerce a través del control territorial y la gobernanza criminal de los grupos armados. 

Ese deterioro no solo se ve en las cifras: también se expresa en la pérdida de la capacidad progresiva del Estado para proteger a las comunidades y garantizar derechos mínimos en el territorio. Un escenario que, según dijo, será decisivo para el próximo gobierno. 

El análisis de María Alejandra Vélez, directora del Área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Ambiente del CESED, se centró en la relación entre gobernanza criminal, economías ilícitas y abandono rural. Recordó que los grupos armados actuales son más fragmentados, heterogéneos y regionalizados. Sus rentas provienen no solo de los cultivos de coca, también de la marihuana en ciertas zonas, del oro ilegal, del acaparamiento de tierras y de otras actividades criminales. 

Frente a este panorama, cuestionó la lógica dominante de la política antidrogas. “La estrategia de seguridad que se plantea para acabar con la gobernanza criminal es ‘fumiguen los cultivos’ y uno no entiende cuál es la teoría de cambio detrás de eso, porque ¿cómo, fumigando unos cultivos, van a acabar con esos grupos criminales?”, planteó. 

A su juicio, los cultivos ilícitos son fácilmente reemplazables y no golpean de manera decisiva las finanzas de los grupos criminales. “Si algo hemos aprendido de 60 años de fumigaciones, erradicación y programas de sustitución es que, aunque en algunos momentos se reducen los cultivos, estos vuelven a crecer”, añadió. 

Vélez insistió en que el foco de la política está mal ubicado: en lugar de concentrarse solo en reducir hectáreas de coca, el Estado debería apuntar a las finanzas y las estructuras económicas de los grupos criminales y, en paralelo, abordar los problemas estructurales del campo colombiano: la cuestión de la tierra, la falta de bienes públicos (vías, electrificación, presencia institucional), y el rezago histórico del desarrollo rural. 

“En algún momento parecía que se asumía que, porque las FARC se desmovilizaban, se iban a acabar los cultivos ilícitos. Obviamente, todo estaba listo para que otros grupos, disidencias y nuevas estructuras entraran a dominar esos mercados, con una demanda estable de millones de consumidores y una presencia integral del Estado que nunca llegó”. 

Desde una perspectiva económica, Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, habló de la búsqueda de rentas como factor clave para entender la persistencia de los grupos armados. “Detrás de cualquier organización al margen de la ley hay una necesidad básica: la búsqueda de rentas. Ningún grupo armado puede sostenerse si no cuenta con fuentes específicas de recursos de las que pueda apropiarse”.
 

Recordó que, hasta los años noventa, varios grupos insurgentes recibían apoyo de la Unión Soviética y Cuba. Con el colapso del bloque socialista, esas rentas se secaron. Al mismo tiempo, el desmonte de los grandes cárteles y cambios en las rutas del narcotráfico llevaron a una “expansión gigantesca y acelerada” de los cultivos de coca en Colombia. 
 

“El incremento en la violencia rural, sobre todo el que se da desde el 93 hasta el 2000, está asociado con esa expansión gigantesca de cultivos de coca, que permite la apropiación de rentas por parte de estas estructuras”, explicó. 

Zuleta destacó un fenómeno particular durante el proceso de paz con las FARC: un aumento muy fuerte de los cultivos de coca, acompañado de una caída en los homicidios, algo inédito en la historia reciente. Sin embargo, una vez finalizado el proceso, los niveles de violencia rebotaron, hecho que él relaciona con la necesidad de apropiación de rentas por parte de los grupos armados. 

La razón, dijo, tiene que ver con lo que ocurre en los territorios donde confluyen dos o más grupos armados y economías ilegales: Con la salida o transformación de las FARC, se generó un “espacio” donde otras estructuras buscan apropiarse de esas rentas “a punta de violencia”, lo que explica el resurgimiento de los homicidios y disputas armadas en varias regiones. 

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, puso el deterioro actual en perspectiva histórica. Recordó que Colombia vivió un importante desescalamiento de la violencia: a comienzos de los años noventa el país tenía cerca de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes y ciudades como Medellín llegaron a registrar 400, un panorama “devastador”, marcado por desplazamientos masivos. 

Según explicó, ese descenso se dio en tres grandes ciclos: el desmonte de los carteles de Medellín y Cali, coincidiendo con la Constituyente de 1991; la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, cuando los homicidios se redujeron casi a la mitad; y el proceso de paz con las FARC, que produjo un nuevo descenso, aunque menos pronunciado. Aun así, advirtió que la caída no fue homogénea en todas las zonas del país. 

Hoy ve un giro preocupante: “El problema que tenemos hoy es que se mantiene ese problema estructural: la incapacidad del Estado para transformar de verdad las condiciones en los territorios, en un contexto de violencia organizada, totalmente territorializada y conectada a nivel transnacional, atravesada por múltiples economías criminales. Ya no es solo el narcotráfico: también la minería ilegal, la deforestación, el acaparamiento de tierras, entre otras”, explicó. 

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre el reciente escándalo por la posible infiltración de un grupo disidente de las antiguas FARC en el Ejército y en la principal agencia de inteligencia del Estado, que a su juicio ilustra el problema de fondo: “No hay un manejo estatal de la seguridad, no hay una cabeza, no hay estructura funcional para enfrentar estos temas. Ahí está el problema, más que en los grupos armados o el crimen transnacional: el Estado está fallando”. 

Acero insistió en que existe una falta de confianza en las instituciones, lo cual dificulta cualquier política efectiva de seguridad. Cuestionó el liderazgo del Gobierno nacional sobre la Fuerza Pública y afirmó que el comandante supremo “parece más un columnista o un analista que un jefe de Estado”, lo que se traduce en órdenes difusas y en una relación deteriorada entre el Ejecutivo y las instituciones encargadas de la seguridad. 

También criticó la falta de coordinación: “Los consejos de seguridad no funcionan. No he visto el primer consejo de seguridad en donde participe la fiscal o el fiscal anterior. Ese es un problema de coordinación entre seguridad y justicia que no se da. No hay relación con alcaldes y gobernadores; es una pelea constante con opositores, cuando este es un tema que nos afecta a todos”.