Sanciones y migración: temas clave de política exterior rumbo a 2026

Colombia llega a 2026 con una política exterior especialmente sensible: una relación con Estados Unidos en un equilibrio inestable y una frontera con Venezuela donde se cruzan crisis humanitaria, crimen organizado y el riesgo de un escalamiento militar. En ese contexto, se suman las sanciones impuestas contra el presidente Gustavo Petro y parte de su familia, que golpean las relaciones internacionales y podrían afectar la cooperación en seguridad, la lucha antidrogas, el sistema financiero e incluso la banca internacional.

El panorama es particularmente delicado para el próximo gobierno. Como recordaron expertos en el foro Uniandes de Cara al País: Política exterior, Estados Unidos ya ha demostrado —cuando descertificó a Colombia durante el gobierno de Donald Trump— que puede adoptar medidas contundentes si percibe fallas en la cooperación antidrogas o en el cumplimiento de compromisos bilaterales. 

Para Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, las acciones recientes de Washington han sido directas y focalizadas: el retiro de la visa y la inclusión en la llamada “lista Clinton” habrían golpeado al círculo más cercano del presidente, sin traducirse —por ahora— en sanciones generales contra el país. En cambio, advierte que un escenario de descertificación sí tendría consecuencias graves. En ese caso, señala, Estados Unidos ha dado plazos de hasta diez meses para que Colombia reaccione y realice ajustes antes de aplicar medidas. Por eso, concluye, es clave evitar un escalamiento, es allí es donde se debe trabajar para mitigar los efectos de una eventual desertificación. 

El país ocupa hoy un lugar crítico en los flujos migratorios de las Américas: es origen, tránsito y, en algunos casos, retorno forzoso de miles de personas que intentan llegar a Estados Unidos. Gracy  Pelicani, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de Los Andes, trazó un panorama inquietante sobre el rol del país en esta cadena continental y las profundas brechas institucionales que agravan la situación. 

Según explicó, el primer fenómeno que debe llamar la atención es el aumento sin precedentes de deportaciones de colombianos desde Estados Unidos: 23.045 a agosto de 2025, frente a 15.220 en todo 2024. Aunque históricamente han existido retornos forzados, las cifras recientes no tienen antecedente. “Colombia no tiene una política pública para recibir a sus nacionales deportados, ni un marco normativo que defina cómo atenderlos”, advirtió. Más allá de declaraciones rechazando vuelos de repatriación, no existe un sistema que acompañe su reinserción ni garantice sus derechos.

El segundo punto crítico es la manera en que Estados Unidos ha externalizado el control de sus fronteras, trasladando parte de su estrategia migratoria a países como Colombia. Esta práctica —común en potencias que buscan frenar flujos antes de que lleguen a su territorio— se expresa en dos vías: solicitudes de intercambio de información sobre viajeros y financiamiento de programas que buscan contener a las personas migrantes en países de tránsito. Uno de los casos más claros fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, cuya implementación recibió apoyo internacional. Aunque tuvo efectos positivos en integración, también sirvió para mantener a cientos de miles de personas fuera de la ruta hacia el norte. 

Entre 2023 y 2024, casi un millón de personas atravesaron Colombia rumbo al Darién, según datos de Migración Colombia. Son migrantes de múltiples nacionalidades que cruzan el país sin que exista un verdadero sistema de gestión, monitoreo o protección. “Colombia no controla ni sabe realmente quién está transitando, más allá de su nacionalidad y algunos datos básicos”, advirtió Grace. Las consecuencias son graves: redes de trata, desapariciones, violencia sexual, endeudamiento y explotación. El Estado llega tarde, mal o nunca a estos puntos de riesgo. 

A este fenómeno se suma ahora la migración inversa: personas que intentaron llegar a Estados Unidos, fracasaron y están regresando al país sin apoyo ni mecanismos de reintegración. “Tampoco tenemos nada para quienes están devolviéndose”, insistió. 

Los expertos coinciden en que el país no está preparado para enfrentar el impacto de una eventual intervención al régimen de Maduro. No sería un escenario “para mirar de lejos”: es probable que se desate una crisis que caería de inmediato sobre la frontera y obligaría al Estado a reaccionar, en buena medida, con improvisación.

El primer punto de quiebre sería migratorio y humanitario: capacidades que existían hace una década hoy están debilitadas, con menos recursos operativos para atender emergencias, una institucionalidad golpeada (incluso por escándalos de corrupción) y pérdida de capital humano especializado, porque ya no hay incentivos para sostener ese trabajo. Además, la frontera ya está bajo presión: a una crisis humanitaria en curso —como la de Catatumbo, con unas 83.000 personas desplazadas— se le sumarían nuevas olas de llegada desde Venezuela y un dilema especialmente complejo: ¿qué hacer si ingresan perpetradores o violadores de derechos humanos que huyen por riesgo de represalias y, técnicamente, podrían encajar en figuras de refugio?

Con recursos en su peor momento y con una política social y migratoria altamente apoyada en cooperación internacional (casi el 90% en migración), cualquier escalamiento en Venezuela —aún en un “mejor escenario” de transición— encontraría a Colombia con poca capacidad real de respuesta y con demasiadas variables listas para desbordarlo.

Además, la presencia y capacidad operativa de los cuerpos de seguridad e inteligencia venezolanos en Colombia se ha convertido en una de las señales de alerta más sensibles en la relación bilateral. Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advirtió que ya no se trata de un riesgo abstracto: “Colombia no puede, no debe admitir que la inteligencia venezolana opere como lo está haciendo en territorio colombiano”, dijo. Como ejemplo, mencionó que ya se han visto operaciones atribuidas a esa lógica, como una “extracción” ocurrida en 2019 contra un exmilitar venezolano, y citó además el caso Ronald Ojeda en Chile como antecedente regional que ayuda a dimensionar la capacidad operativa de esos aparatos.

Frente a ese escenario, Rodríguez planteó que un próximo gobierno debería mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, pero con límites claros: revisar y cuestionar la presencia y el margen de acción de esos cuerpos en el país, fortalecer capacidades de inteligencia propias para no depender de terceros y priorizar la protección de la población refugiada venezolana.