“La democracia sobrevive con voces diversas, no con silencios impuestos”

La tarde del 7 de junio de 2025, un disparo interrumpió la calma en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, era atacado por la espalda, mientras daba un discurso a una congregación de ciudadanos que llegaron a escucharlo al parque El golfito. 

65 días después del aterrador hecho, su fallecimiento marca un punto de quiebre en la política colombiana, pues el país ya venía registrando una preocupante escalada de violencia contra líderes sociales. Y este atentado vuelve a encender una alarma democrática. 

Los líderes sociales y políticos cumplen un papel clave: son los intermediarios entre la ciudadanía y el Estado. Su existencia permite que las demandas colectivas sean escuchadas y transformadas en políticas públicas.  

Para Mauricio Velásquez, Ph. D. en Ciencias Políticas de la Universidad de California, su rol es insustituible: “Los líderes son los portavoces de la ciudadanía [...]. Atacarlos es como silenciar las alarmas de un sistema”. 

En otras palabras, su desaparición no solo apaga voces, sino que deteriora la capacidad del Estado para responder a sus ciudadanos. Desde esta perspectiva, los ataques a líderes son atentados contra el tejido mismo de la democracia. 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en 2024 se registraron asesinatos a 204 líderes sociales en Colombia, en los que se incluyeron firmantes del Acuerdo de paz. Para los expertos, la cifra muestra una tendencia alarmante y refleja un patrón de desarticulación del liderazgo local, sobre todo en zonas rurales. 

Por ello, Velásquez advierte que estos ataques afectan todas las dimensiones de la democracia: 

Así, la eliminación de líderes no es solo violencia: es censura estructural y su asesinato no solo suprime individuos, sino que abre la puerta al debilitamiento de la vida democrática.  

Aunque los impactos son similares, las condiciones son distintas. Velásquez, que también es profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo señala que los líderes sociales, al no contar con estructuras de protección estatal, están más expuestos: 

Tanto la muerte de Miguel Uribe que fue noticia nacional, como el asesinato de un líder indígena o afrodescendiente en una vereda, son síntomas de un sistema frágil con oportunidades de mejora.   

Para que exista una democracia real, el derecho a ejercer liderazgo debe ser universal. Pero, como advierte Velásquez: “Donde hay miedo, la democracia es incompleta. Si liderar o participar es peligroso, el derecho a la política ya no es universal”. 

De allí, surge una de las preguntas más complejas del sistema de gobierno colombiano: ¿cómo garantizar la seguridad sin restringir libertades? Velásquez propone: “La clave está en la prevención comunitaria, la justicia eficaz y el respaldo institucional a la voz crítica [...]. Defender la vida sin sofocar la expresión es la forma más clara de demostrar que una democracia está viva”. 

No se trata de militarizar el liderazgo, sino de generar condiciones reales para su ejercicio. 

Velásquez resume la respuesta a esta pregunta así: “La eliminación selectiva no es solo violencia: es censura, es control, es negación del disenso.” 

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en múltiples informes sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección para líderes sociales y firmantes de paz. De hecho, según la ONG Front Line Defenders, en su reporte de 2023, alertó que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el liderazgo comunitario. 

La muerte de Miguel Uribe se suma a una larga cadena de muertes que no solo duelen: socavan la base del sistema democrático.  

No se trata solo de proteger vidas individuales, sino de defender la posibilidad misma de que haya diferencias, debates y liderazgos que permitan construir un país plural. 

Así lo advierte Velásquez: