Los ‘ninis’: jóvenes que el país no puede perder

En Colombia, cerca de 2,7 millones de jóvenes entre 14 y 28 años no estudian ni trabajan. Los ‘ninis’, una generación que permanece al margen del sistema educativo y del mercado laboral.

Las razones detrás de esta situación son diversas: la falta de acceso a educación de calidad, las dificultades económicas que obligan a priorizar la búsqueda de ingresos, la escasez de empleos formales para jóvenes sin experiencia y, en el caso de muchas mujeres, las responsabilidades de cuidado que limitan su participación.

En un contexto marcado por la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional, incorporar a ‘los ninis’ al sistema educativo y al empleo formal es una tarea crucial. Esto ayudaría a mitigar los efectos del cambio demográfico: la reducción de los ingresos laborales y de los aportes al sistema pensional, además de fortalecer la base productiva del país. El dato lo revela la Cambio demográfico y educación superior y posmedia en Colombia, una investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.   

“Esta población probablemente se incorporarán tarde al mercado de trabajo y con ingresos bajos, o en empleos informales y de baja calificación”, explica Hernando Zuleta, líder del estudio. 

Mientras la población en edad de trabajar se reduce, el desempleo juvenil sigue siendo alto: cerca del 20 % entre los menores de 28 años, frente al 9 % en los mayores. El riesgo es claro: pérdida de capital humano y menor sostenibilidad económica en el largo plazo.

Sin embargo, esta coyuntura también abre oportunidades. La reducción proyectada de la cohorte estudiantil —una caída del 20 % hacia 2045 y del 37 % hacia 2070 en la población de 17 a 21 años— podría permitir reasignar recursos para mejorar la calidad educativa y ampliar el acceso a quienes hoy están por fuera del sistema, entre ellos los ‘ninis’.

La investigación señala que los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) enfrentan graves problemas de calidad: solo 10 % de las instituciones y 9 % de los programas cuentan con certificación vigente. Esto también evidencia la brecha entre la formación disponible y las necesidades del sector productivo, que exige talento actualizado y pertinente.

En contraste, la educación superior ha aumentado su cobertura hasta cerca de 55 %, aunque sigue por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que indica un 75 %. Aún así, persisten el estancamiento en la matrícula universitaria y tecnológica, y las altas tasas de deserción en los niveles técnicos.

Frente a este panorama, el desafío es doble: evitar que los jóvenes queden por fuera del sistema educativo y laboral, y garantizar que la formación sea de calidad y responda a las demandas del mercado.

Incorporar al sistema educativo y al mercado laboral a los jóvenes que hoy están por fuera de ambos espacios requiere una respuesta articulada entre el Estado, el sector productivo y las instituciones educativas. La investigación propone algunas líneas de acción orientadas a fortalecer la formación técnica y la empleabilidad, con un enfoque de inclusión y equidad:

• Actualizar la regulación de la educación posmedia, de modo que los programas del Ministerio de Educación incluyan criterios explícitos de pertinencia laboral y los del Ministerio de Trabajo refuercen sus estándares de calidad y formación práctica.
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• Fomentar programas técnicos y tecnológicos de corta duración, enfocados en sectores de crecimiento como los servicios digitales, la manufactura avanzada y la logística verde, en estrecha coordinación con el sector productivo.
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• Impulsar incentivos para la contratación formal de jóvenes, con subsidios transitorios, alivios prestacionales y esquemas flexibles de cotización a salud y aportes parafiscales, especialmente para trabajadores independientes.
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• Reforzar los servicios públicos de empleo para integrar orientación vocacional en la educación media, asesoría para el primer empleo, formación en habilidades blandas y acompañamiento posterior a la vinculación laboral.
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• Promover la educación dual, las pasantías y las prácticas pagadas mediante alianzas entre instituciones educativas y empresas que articulen la formación con la experiencia real.
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• Diseñar políticas con enfoque de género para ampliar los servicios de cuidado, como guarderías gratuitas, que faciliten la participación laboral de las mujeres jóvenes.
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• Facilitar la transición escuela-trabajo y fortalecer los sistemas de certificación de competencias que reconozcan los aprendizajes adquiridos en contextos informales o no estructurados.

Más allá de las cifras, lo que está en juego es el futuro del país: cada joven que logra vincularse al estudio o al trabajo formal representa una oportunidad de crecimiento personal y de desarrollo económico para una Colombia más equitativa e innovadora.