Mujeres en el poder: representación política y retos para el próximo gobierno

En Colombia, las mujeres votan más que los hombres. En 2022, según la Registraduría Nacional, representaron un 3,4 % más del electorado en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, esa mayoría en las urnas no se refleja en la misma proporción en los cargos de poder.

Además, la brecha no es solo numérica. Tres de cada cuatro candidatas han sufrido violencia política y siete de cada diez reportan agresiones psicológicas o digitales durante sus campañas. A esto se suman la brecha de financiación y la sobrecarga del cuidado, barreras estructurales que persisten incluso cuando más mujeres compiten y que limitan su incidencia efectiva en la política.

¿Estamos ante un avance histórico o frente a una igualdad todavía formal? Para Diana Puerta, directora de Programas de Sostenibilidad y coordinadora del curso de Mujeres Líderes de la Facultad de Administración, el verdadero reto no es solo que más mujeres lleguen a cargos públicos, sino que puedan ejercer poder con incidencia real y sin barreras estructurales. 

En las últimas dos décadas, Colombia ha avanzado en normas para aumentar la participación femenina. La Ley 581 de 2000 fijó un mínimo del 30 % de mujeres en altos cargos del Ejecutivo; la Ley 1475 de 2011 llevó esa cuota a las listas al Congreso, y en 2024 el país dio un salto hacia la paridad con una norma que establece alternancia y busca acercarse al 50 %. En el papel, el tránsito ha sido claro: de la cuota mínima a la paridad como principio democrático. 

Sin embargo, representación no siempre significa poder real. Durante años, las mujeres fueron ubicadas al final de las listas o incluidas solo para cumplir el requisito. Aunque hoy la alternancia obliga a los partidos a buscar perfiles con trayectoria y legitimidad, Colombia aún se ubica en un punto intermedio a nivel global en participación política femenina. Y, mientras más mujeres compiten, persisten patrones de evaluación diferenciada que desplazan el debate desde sus propuestas hacia su apariencia, su vida privada o su estilo de liderazgo.

Para Diana Puerta, el debate no puede quedarse en cuántas mujeres llegan al poder, sino en qué hacen cuando están allí. “Una cosa es participar y otra los contenidos”, advierte. Es decir, no basta con ocupar un escaño o un ministerio si esa presencia no se traduce en políticas que respondan a las realidades de otras mujeres: cuidadoras, víctimas de violencia, trabajadoras informales o habitantes de territorios rurales. 

En el actual escenario político, las diferencias ideológicas también atraviesan el liderazgo femenino. Desde sectores de izquierda se ha puesto el énfasis en el reconocimiento económico del cuidado, el acceso a la tierra y la autonomía financiera; en el centro, en la paridad, la justicia frente al acoso y los derechos civiles; y en la derecha, en la protección de la familia y el endurecimiento de sanciones frente a las violencias. Para Puerta, esta diversidad demuestra que no existe “una sola manera” de ejercer liderazgo siendo mujer, pero sí una responsabilidad común: que esa presencia represente de manera auténtica a quienes necesitan un entorno habilitante para participar e incidir. 

Para Puerta, la discusión no debe centrarse solo en la paridad numérica, sino en el contenido del poder. Desde su perspectiva, una agenda con enfoque de género implica al menos cuatro elementos concretos: 

• Programas con enfoque transversal, que integren la dimensión económica, social, política y de justicia. 

   

• Voz auténtica, es decir, mujeres que hablen por sí mismas y no como representación instrumental dentro de estructuras tradicionales. 

• Cumplimiento real de las cuotas, acompañado de un voto femenino informado y formado. 

• Cero tolerancia frente a la violencia política de género, tanto física como digital o simbólica. 

Según el informe del Foro Económico Mundial (FEM) 2025, al ritmo actual, cerrar la brecha de género podría tardar alrededor de 123 años. La cifra no es menor: evidencia que la representación política femenina forma parte de un rezago estructural más amplio que atraviesa la economía, la cultura y el acceso al poder. 

En Colombia, la violencia política de género es uno de los principales obstáculos. No se trata solo de críticas políticas, sino de deslegitimación basada en su apariencia, su tono de voz o su vida personal. “Siempre vemos micromachismos”, señala Puerta, al describir comentarios que minimizan a las mujeres por cómo hablan o cómo se ven, en lugar de debatir sus propuestas. 

A esto se suma la brecha de financiación. Informes de Transparencia por Colombia indican que las mujeres tienen menor acceso a recursos privados y créditos bancarios, mientras los partidos tienden a concentrar su inversión en candidaturas masculinas consideradas “más seguras”. La economía del cuidado también juega en contra: el tiempo destinado a responsabilidades domésticas y familiares reduce las posibilidades de hacer campaña, construir redes y consolidar liderazgo. “Nuestro tiempo parece un lujo”, resume Puerta, al explicar que incluso en espacios profesionales las mujeres deben demostrar más para obtener el mismo reconocimiento. 

El entorno cultural tampoco es neutral. Desde la escuela hasta las redes sociales, persisten narrativas que exaltan el liderazgo masculino y encasillan el femenino como sumiso o secundario. Para Puerta, estos entornos no son habilitantes: dificultan que las mujeres ejerzan autoridad con legitimidad y sin ser cuestionadas desde estereotipos.

Para Diana Puerta, la evidencia es clara: cuando las mujeres acceden y ejercen poder, tienden a priorizar el bienestar colectivo, el cuidado y la sostenibilidad. Esa visión coincide con lo advertido por centros internacionales de investigación sobre resiliencia: invertir en la agencia femenina es una de las claves para enfrentar crisis sociales y económicas de largo plazo. De cara al próximo ciclo electoral, el desafío no es solo cuántas mujeres llegarán al poder, sino si el país está dispuesto a convertir esa representación en decisiones que amplíen oportunidades y reduzcan brechas