“Entre los cero y cinco años ocurre lo más importante en el desarrollo humano. Si no invertimos ahí, estamos condenando a muchos niños a las brechas de desigualdad desde la temprana edad”, advirtió Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, en el foro Uniandes de cara al país. 

La Rectora explicó que la educación inicial es la política social con mayor retorno, pues cada peso invertido en la primera infancia puede multiplicarse hasta catorce veces en beneficios sociales y económicos. “Es el momento en que el cerebro es más maleable y donde el juego, la exploración y el lenguaje construyen las bases de todas las funciones humanas”. 

En un análisis sobre la pérdida de relevancia de la educación en la agenda política nacional, la exministra de Educación, María Victoria Angulo, señaló que el tema ha quedado relegado frente a otras prioridades del debate público.  “Ni en Colombia ni en América Latina la educación es prioritaria. Los temas políticos, la polarización y la violencia han desplazado la conversación educativa. En los escenarios políticos no se habla de educación”, resaltó Angulo.

Durante su intervención recordó la Ley 1804, primera norma integral para la atención a la primera infancia y reconoció los avances de ciudades como Medellín, Bogotá y Barranquilla. Sin embargo, insistió en que “el resto del país sigue dependiendo de la nación y enfrenta grandes desafíos de financiación y coordinación interinstitucional”.

Aunque el nuevo proyecto de ley de competencias promete aumentar la financiación del sistema educativo, existen dudas sobre su impacto en la calidad.

La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) —que regula las transferencias de recursos de la Nación a las regiones— plantea elevar gradualmente la proporción del presupuesto nacional destinada a educación básica y media del 28 % actual al 38 o 39 % en los próximos diez años.

“A simple vista suena positivo: habrá más dinero para educación. Pero la evidencia muestra que, aunque el gasto por estudiante se ha triplicado desde comienzos de siglo, si bien ha mejorado la cobertura, aún se falla en calidad”, señaló el economista Fabio Sánchez.

Sánchez, también profesor de Los Andes, explicó que el aumento en la inversión no ha logrado cerrar las brechas regionales ni mejorar los resultados de aprendizaje. Además, advirtió que la mayor parte de los nuevos recursos se destinaría al pago de nómina docente, dejando poco margen para fortalecer la calidad educativa.

“En esta reforma, solo el 1 % del aumento en el gasto está destinado a calidad. El resto se irá a salarios. Es necesario repensar los incentivos para que los recursos también promuevan mejores resultados educativos.”

Desde la perspectiva de la educación media, Jorge Baxter, decano de la Facultad de Educación, resaltó que el país necesita un cambio de enfoque: establecer pocas metas, pero ambiciosas, centradas en el aprendizaje, tal como lo han hecho experiencias exitosas en países de la región. Subrayó también la relevancia del liderazgo pedagógico, entendido como la capacidad de los rectores y equipos docentes para enfocarse en los resultados de aprendizaje y trabajar colectivamente en resolver los problemas del aula.

“Es necesario construir una cultura de evaluación formativa, desde los colegios hasta el Ministerio, que permita evaluar para avanzar, no solo para sancionar”, enfatizó y agregó que la calidad docente sigue siendo un reto estructural, ya que los mejores maestros no siempre están donde más se necesitan —zonas rurales y contextos vulnerables—, y se requieren incentivos más equitativos para redistribuir el talento.

Desde su experiencia, Natalia Ariza, exviceministra de Educación Superior, planteó uno de los mayores desafíos del sistema educativo colombiano: la transición entre la educación media y la superior. “Para la mayoría de los jóvenes en Colombia, pasar de la educación media a la superior es casi un salto al vacío. No hay claridad sobre los caminos disponibles y eso impide que muchos continúen sus estudios”, dijo.

Ariza afirmó que varios programas en el país —como Universidad en tu Colegio o las alianzas con el SENA— han demostrado que articular los niveles educativos es posible y generan resultados positivos, pero requieren mayor alcance y sostenibilidad. Fortalecer esa articulación, señaló, implica garantizar trayectorias educativas continuas que permitan avanzar sin rupturas entre los distintos niveles. “Debemos hacer realidad el concepto de transición educativa. Es la clave para reducir brechas y evitar que los jóvenes se queden en el camino”.

También cuestionó la baja valoración social de la educación técnica y tecnológica, a la que históricamente se ha destinado a quienes no acceden a la universidad: “Durante años hemos creído que la educación técnica es un camino de segunda, y eso ha afectado la productividad del país y las oportunidades de los jóvenes. Revalorarla es esencial para construir trayectorias educativas más justas y diversas”.

Sobre este punto, Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), explicó que cada año se gradúan cerca de 73.000 estudiantes de educación media, pero solo cinco de cada diez logran acceder a la educación superior, según cifras de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). Esta realidad, señaló, refleja una brecha estructural entre quienes terminan la educación media y quienes tienen la posibilidad de continuar sus estudios.

“Existe una promesa política de ofrecer educación gratuita y de calidad para todos, de manera inmediata, pero esa es, en mi opinión, una promesa vacía: es materialmente imposible”, advirtió Saavedra. “Solo para el caso de Bogotá, si se decidiera que todos los estudiantes ingresen a universidades públicas, habría que multiplicar por cuatro la capacidad en infraestructura y en número de docentes de estas instituciones”.

A esta reflexión se sumó Julieth Rincón, presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (FENARES), quien subrayó que el problema de acceso no radica en la falta de interés de los jóvenes, sino en la falta de oportunidades. “No es que los chicos no quieran estudiar, es que no tienen cómo hacerlo. Muchos no cuentan con una educación media de calidad que les permita competir por un cupo en la universidad pública”, señaló.