Transición energética: más allá del petróleo

Uno de los principales objetivos de la transición energética es combatir el cambio climático, pero ese es solo uno de los propósitos. En países que dependen tanto de las exportaciones de productos fósiles como Colombia, esa transición debe estar atenta a no profundizar problemas de desigualdad históricos, un tema que deberían estar discutiendo gobernantes y candidatos de cara a las elecciones de 2026. 

La forma más fácil de evidenciar la transición energética para cualquier ciudadano es el aumento de los carros eléctricos que transitan en las calles. Pero como dice el profesor Javier García-Estévez, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes – CIDER, “cuando hablamos de transición, no es suficiente pensar en que vamos a sustituir el artefacto, que es el petróleo, sino que tenemos que cambiar todos los demás componentes del sistema”. 

Ese cambio implica aspectos culturales, reforzar otros sectores, crear incentivos y una planeación con los actores ganadores y perdedores de la transformación.  

Así se llega al término de transición justa, desde donde García-Estévez, basado en una investigación financiada por Natural Resource Governance Institute – NRGI,  analiza retos y oportunidades de la transición energética en las regiones productoras de petróleo en Colombia y señala tres de componentes: justicia ambiental, social y energética. 

La justicia ambiental busca que la afectación a poblaciones marginadas no se profundice ni cree mayor desigualdad en los impactos ambientales o en el acceso a los recursos naturales. En Estados Unidos, por ejemplo, algunas poblaciones afroamericanas han sufrido un mayor impacto ambiental; algo similar se ha evidenciado en Colombia con el estudio "Justicia ambiental más allá de la raza: tono de piel y exposición a la contaminación del aire". 

“El medio ambiente no puede seguir teniendo grandes impactos cuando cambiemos del petróleo a los nuevos sectores o minerales. No podemos pasar de silla eléctrica a guillotina, decimos de forma pedagógica”, comenta García-Estévez. 

Se trata de ir más allá de adoptar energías renovables y de ver las consecuencias que estas pueden tener en todas las poblaciones, y de no crear las llamadas “zonas de sacrificio”, esas que están en constante afectación ambiental y que comúnmente son los lugares donde habita población vulnerable. 

Si la industria fósil se redujera 50 % en Colombia, se perdería aproximadamente el 4,1 % de los puestos de trabajo en el país, según el trabajo Los retos económicos de la transición energética, próximo a publicarse. La justicia social en la transición energética apunta a mitigar esa afectación por medio de modelos de desarrollo. 

Este no es un tema solo de individuos, sino de regiones enteras. Con un cambio de las fuentes energéticas disminuirían las regalías, no solo en las regiones productoras, sino también en municipios vulnerables, que desde 2012 han recibido parte de estos recursos para resolver necesidades básicas insatisfechas. 

Buscar la justicia social en la transición energética exige actuar con ese objetivo. En el informe sobre regalías del Centro Regional de Finanzas Sostenibles y la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en equipo con la Universidad del Norte, se evidenció que muchos municipios no contemplan aún la transición. Durante la caída de precios del petróleo en 2016, las regalías recibidas se destinaron a áreas como la recreación y el deporte y no a otras que impulsaran la ineludible transición, como la tecnología o la educación.

Sin embargo, no todas las noticias son negativas, pues a su vez se abren puertas para muchos más empleos en otros campos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la transición a una economía de cero emisiones netas provocaría en América Latina y el Caribe la desaparición de unos 7,5 millones de empleos, pero abriría 22,5 millones en áreas como la electricidad renovable, la agricultura, la construcción y la manufactura. Para aprovecharlos, se requiere preparar a la fuerza laboral y generar habilidades para empleos verdes. 

Gonzalo A. Vargas, describe esta justicia en el libro Transición energética, justicia y desarrollo, de Ediciones Uniandes, como el imperativo de ampliar el acceso efectivo a la energía; esto incluye tarifas asequibles a los hogares más pobres y la democratización de las decisiones del sector. 

Por su lado, García-Estévez menciona como ejemplo de injusticia o pobreza energética el departamento de Putumayo: “una región petrolera, donde casi la mitad de la población rural no tiene luz eléctrica” y ve la transición como una oportunidad para que las familias en un nuevo sistema accedan a “alternativas energéticas para cocinar, guardar los alimentos y llevar la vida que quieren y necesitan”. 

La transición energética es un desafío, pero también una oportunidad; por ejemplo, un departamento golpeado como La Guajira tiene potencial destacado en energía eólica. El llamado de los expertos es a actuar de inmediato en un cambio de los diferentes componentes del sistema, lo que requiere organizar a los actores, buscar apoyo en el sector energético actual y fortalecer la educación de quienes liderarán la transición energética en Colombia.