El sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Según la Contraloría General de la República, 29 EPS acumulan una deuda de $32,9 billones con clínicas, hospitales, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema, cifras que representan un incremento de $7,9 billones frente a 2023 y evidencia el profundo desfinanciamiento y el desorden administrativo.

Esto se traducen en la agonía de miles de pacientes y familias, y han impulsado un aumento superior al 35 % en las tutelas de salud durante los últimos tres años. Es un síntoma claro de un sistema que no logra garantizar oportunamente medicamentos, procedimientos y tratamientos, y que genera tensiones cada vez mayores para los usuarios.  Sobre este panorama dialogaron, durante el foro De cara al país, Marcela Brun, gerente de la EPS Capital Salud; Néstor Álvarez, presidente de la Fundación de Pacientes de Alto Costo; Óscar Gilbert, cirujano cardiovascular; y David Bardey, profesor de la Facultad de Economía. 

Néstor Álvarez advirtió que parte de la crisis actual del sistema de salud proviene de un exceso de triunfalismo acumulado durante años. Mientras organizaciones de pacientes denunciaban fallas graves, insistió, se repetía la idea de que “todo estaba bien”. Para él, el sistema ha pasado por varias crisis desde la implementación de la Ley 100, que inicialmente generó ciudadanos de primera y segunda categoría, con derechos desiguales según la capacidad de pago. La evolución hacia un derecho fundamental igual para todos —gracias a la Ley Estatutaria de Salud— ha sido un avance, pero no suficiente para corregir los problemas estructurales.

Álvarez recordó que el sistema nunca ha tenido una visión ni una misión clara, y que el Estado colombiano, gobierno tras gobierno, ha evitado asumir su responsabilidad de construir un modelo coherente: “el hijo que nadie quiere”, dijo. Mencionó crisis históricas como la de los recobros, el aumento descontrolado de medicamentos no cubiertos, la sentencia T-760 y la falta de actualización del Plan Obligatorio de Salud. A esto se suman dos factores que, a su juicio, atraviesan todo el sistema: la corrupción y la indiferencia estatal. 

El diagnóstico de Diana Cárdenas se divide en dos niveles: una crisis coyuntural, marcada por la falta de liquidez, el aumento de las deudas y la incertidumbre regulatoria; y una crisis estructural mucho más profunda, asociada al envejecimiento poblacional. Con una esperanza de vida en aumento, explicó, Colombia tendrá más personas viviendo más años con enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, consumiendo más recursos del sistema, lo que obliga a repensar la sostenibilidad del modelo. Aunque la prevención y la promoción en salud pueden mitigar parte de ese impacto, la combinación de cronicidad, longevidad y alta innovación tecnológica exige una mirada distinta y de largo plazo sobre la gestión del riesgo y la financiación del sector. 

“No se puede pensar en lo financiero sin pensar en salud, y viceversa. Cada actor debe asumir su responsabilidad: prestadores, aseguradores y pacientes. Pero es el Gobierno Nacional quien debe orquestar lo positivo del sistema”. 

Las EPS son la puerta de entrada del sistema: cuando una persona tiene un problema de salud, acude primero a su EPS, que luego la dirige a su red o a distintos prestadores. Por eso, explicó Bardey, muchas veces las críticas se concentran en ellas —a veces con razón y otras de forma injusta—. Si hay escasez de oncólogos o especialistas, eliminarlas no resolvería el problema: la escasez sería exactamente la misma, porque es una falla estructural del sistema, no de las EPS.

El verdadero punto de tensión, señaló, proviene del diseño de la Ley 100, que mezcla EPS públicas, mixtas y privadas, todas con el mismo rol de puerta de entrada. Ese rol implica decir “sí” o “no” a ciertos tratamientos según su costo-beneficio o remitir a alternativas. Y ahí surge la dificultad: es complejo para el Estado delegar en empresas privadas la legitimidad de decirle “no” a un paciente. Muchas de las tensiones actuales del sistema, dijo, nacen precisamente de esa contradicción institucional.

El economista también cuestionó la propuesta de que un manual tarifario pueda reemplazar la función de negociación. La diversidad de costos entre hospitales —desde una clínica de Bogotá hasta un hospital pequeño en un municipio intermedio— hace imposible fijar tarifas únicas sin producir efectos adversos: algunos prestadores obtendrían ganancias excesivas y otros quedarían desfinanciados. Para avanzar, dijo, el país necesita definir con rigor qué se espera de las EPS, qué información se requiere para regularlas y qué institución asumirá las funciones que hoy cumplen.

Para Óscar Gilbert, una forma de aliviar la presión sobre el sistema es fortalecer la prevención. Explicó, por ejemplo, que la aterosclerosis es hoy una de las principales causas de muerte a nivel mundial y que sus factores de riesgo —hipertensión, diabetes y dislipidemia— se controlan con medicamentos básicos o con estilos de vida muy activos. Por eso se debe garantizar el acceso a medicamentos básicos y promover hábitos saludables desde edades tempranas. Pretender que un adulto de 35 años “se vuelva atlético” es poco realista, afirmó, porque a esa edad ya se han perdido muchas de las hormonas que regulan el metabolismo. Por eso, insistió en que, ante una población que envejece y una de las causas de mortalidad más claras, la educación en salud debe comenzar en la infancia para evitar las enfermedades que colapsan el sistema en la adultez. Además, señaló: “El Gobierno habla de prevención, pero no entrega los medicamentos, que son baratos y evitan tratamientos más costosos. La logística para despacharlos no existe. Con un software que integre el sistema, eso se resolvería”.

La salida más pragmática a la crisis comienza con un software integral del sistema de salud, según Gilbert, este debe unificar historia clínica, facturación, auditoría, farmacia y datos poblacionales. Este sistema permitiría automatizar controles, incorporar herramientas de inteligencia artificial para liberar al médico del teclado y generar alertas sobre desviaciones en costos y tratamientos. Además, facilitaría la formalización laboral de los especialistas, reduciendo los incentivos del actual modelo de pago por evento que, según él, impulsa la sobreintervención y la sobrefacturación. Con un software robusto —afirmó— se ahorrarían exámenes repetidos, se ordenaría la contratación, se haría transparente la gestión y, a largo plazo, parte de las funciones que hoy cumplen las EPS podrían ser asumidas directamente por el Estado sin afectar la operación de miles de trabajadores del sector.