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A profundidad
20/03/2026

Elecciones presidenciales Colombia 2026: ¿qué tan confiable es el sistema electoral?

¿Es Colombia propensa al fraude electoral? Expertos evalúan las garantías para unas votaciones transparentes.

El 8 de marzo de 2026, de un censo electoral de más de 41 millones de colombianos habilitados, unos 20.6 millones votaron en las elecciones al Congreso. Los resultados llegaron esa misma noche, sin caos, sin apagones del sistema, sin impugnaciones mayores. Y aun así, el 62 % de los colombianos no confía en las elecciones, según el estudio nacional Cuidar la democracia

 

Esa tensión entre el sistema que funciona y la percepción de que no es, quizás, la grieta más peligrosa de la democracia colombiana de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

 

Con 14 candidatos inscritos y una primera vuelta pactada para ese día, Colombia enfrenta un ciclo electoral que plantea una duda: ¿qué tan sólido es realmente el sistema de votación nacional?

¿Qué tan confiable es el sistema electoral colombiano?

Para Miguel García, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes y codirector del Observatorio de la Democracia de la misma institución, la respuesta es clara: 


“Colombia tiene un sistema electoral estable y confiable. Tenemos unas elecciones en las que se combina una larga experiencia institucional y la participación de diversas instituciones y agentes (Registraduría, jueces, testigos, jurados, observadores y la empresa que organiza la logística) lo que garantiza la independencia y confiabilidad".

Y añade, "claro que hay irregularidades, pero estas son la excepción, no la regla de un sistema que funciona bastante bien".

 

Ese sistema descansa sobre una arquitectura institucional que, en el caso de las elecciones de Congreso 2026, incluyó múltiples controles institucionales, auditorías técnicas a los sistemas de información electoral y presencia de organismos de observación nacional e internacional. 

 

Además, como novedad para este ciclo electoral, la Registraduría pasó de 25.000 a aproximadamente 60.000 o 65.000 mesas con biometría facial y dactilar para combatir la suplantación de identidad, y digitalizó todas las actas electorales para que los ciudadanos puedan comparar los resultados del preconteo con los documentos originales.

 

Por ello, García es enfático en separar las fallas del sistema de las narrativas políticas: 


"Los cuestionamientos que hacen algunos actores políticos —como los supuestos riesgos de fraude electoral— carecen de respaldo empírico. Son afirmaciones que emergen en contextos de confrontación política para sembrar dudas sobre el adversario y sobre el sistema, y como una manera de anticipar explicaciones a posibles derrotas electorales".

Y traza un paralelo revelador con Estados Unidos, donde Trump ha impulsado medidas que exigen pruebas documentales de ciudadanía para votar "con el argumento de prevenir un fraude que los expertos coinciden en señalar como prácticamente inexistente". 

La conclusión del académico es contundente: "Ese tipo de narrativas no enriquecen el debate técnico; lo contaminan". 

Voto en papel en pleno siglo XXI: ¿atraso o prudencia?

En un mundo donde Estonia vota digitalmente desde 2005 y Brasil lleva décadas con urnas electrónicas, la imagen del tarjetón colombiano rayado con un bolígrafo puede parecer anacrónica. García desafía esa lógica con una pregunta simple: "¿Por qué cambiar algo que funciona bien, aunque no sea de última generación?"

 

No es una defensa ciega. El académico reconoce las fricciones del modelo: “No es fácil votar dado el gran número de partidos y candidatos. El proceso supone una cadena de actores que puede dar pie para contaminación del resultado." 

 

Esas limitaciones, dice, no justifican por sí solas un cambio de sistema, especialmente cuando lo que existe "está probado, es muy eficiente —los resultados en Colombia se dan muy rápido—, se puede desplegar en todo el territorio nacional, es seguro y los ciudadanos están familiarizados con él".

 

El voto electrónico, en cambio, trae sus propias incógnitas. Según García, "sería difícil de desplegar en todo el país, supongo que sería mucho más costoso y abriría la posibilidad a ataques cibernéticos. Evitaría manipulaciones, pero al tiempo podría ser más complejo de auditar".

 

En ese contexto, la Registraduría destacó que en las elecciones legislativas de 2026 el número de votos nulos se redujo en más de 150.000 frente a 2022, lo que sugiere que la ciudadanía está aprendiendo a usar mejor el sistema actual.

 

El problema más profundo, advierte García, no es técnico sino político y cultural. Según el Barómetro de las Américas 2023 "el 56 % de los colombianos no confía en las elecciones". 

 

Se presenta, entonces, una paradoja: el sistema funciona, los datos lo confirman, pero la mitad del país no lo cree. "Ese es el principal reto del sistema electoral", afirma García, "evitar que los políticos hagan afirmaciones sin sustento y lograr que la ciudadanía confíe nuevamente en la institucionalidad electoral".

 

Con la primera vuelta presidencial a menos de tres meses, Colombia llega al 31 de mayo con un sistema robusto en sus reglas y frágil en su legitimidad percibida. El tarjetón en papel seguirá siendo la herramienta. 

 

La batalla real, como señala García, ocurre antes y después de la urna: en el lenguaje de los políticos, en los titulares y en la convicción —o desconfianza— con la que cada colombiano se acerca a votar.

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