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A profundidad
04/03/2026

El voto femenino: la conquista y la deuda pendiente

En 1957 las mujeres votaron por primera vez en Colombia. Hoy el derecho existe, pero la discriminación de género persiste y mantiene su subrepresentación en la política.

Cuesta imaginarlo desde el presente y para las nuevas generaciones, pero hace apenas unas décadas las mujeres en Colombia no podían votar. Tras años de luchas y negativas, el derecho se reconoció en 1954, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el Acto Legislativo.

 

Cuatro años después en 1957, en el plebiscito que consultó la creación del Frente Nacional, las mujeres ejercieron por primera vez su voto en una jornada nacional.  La escena de mujeres haciendo fila, cédula en mano, entrando a la cabina fue el comienzo de una ciudadanía política que durante décadas les fue negada. Ese día, 1.835.255 mujeres votaron por primera vez.   

 

Pero esa fecha no apareció de la nada. “El reconocimiento del voto femenino en Colombia fue el resultado de una lucha sostenida de las mujeres, conectada con procesos internacionales”, señala Luisa Salazar Escalante, investigadora en temas de derechos humanos. Explica que ese camino se relaciona con el sufragismo, un movimiento con referentes tempranos en países como Nueva Zelanda y el Reino Unido, que luego se expandió con fuerza en América Latina.

 

En el caso colombiano, agrega, la pelea por los derechos políticos hizo parte de un recorrido más amplio, atravesado por otras conquistas previas. Hacia los años 30, el movimiento de mujeres se volvió más visible a partir de demandas por el derecho a la educación y por la posibilidad de administrar bienes, en un contexto en el que muchas no accedían al bachillerato ni a la universidad.

 

A casi siete décadas de ese primer voto, la historia deja un contraste: se abrió la puerta del derecho, pero el camino para cruzarla en igualdad, en representación política y democrática, ha sido mucho más lento. Para Laura Wills, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh, “persiste una política muy masculina; machismo estructural; dificultades para hacer real la participación y elección de mujeres”. La politóloga señala que solo en la primera y segunda décadas de los 2000, como consecuencia de reformas institucionales como la Ley de Cuotas, la participación y elección de mujeres ha crecido. Aun así, advierte, sigue siendo baja: el Congreso tiene un poco menos de 30% de mujeres ocupando escaños. 

¿Qué frena la participación política de las mujeres en Colombia?

 

"Entre las barreras persisten amenazas, ataques y discriminación. Las mujeres en política son más amenazadas que los hombres y muchas siguen enfrentando discriminación de género que va más allá de la violencia política y termina traduciéndose en subrepresentación", señala Angelika Rettberg, politóloga de Los Andes. Esto, advierte, es una desventaja para la democracia colombiana, que requiere voces femeninas para representar la diversidad social del país. 

 

Laura Wills, vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, añade que esas barreras se repiten en distintos niveles:

 

  • Listas partidistas dominadas por hombres, lo que limita desde el inicio las opciones reales de elección. 
     

  • Candidaturas sin condiciones de competencia, porque algunas mujeres incluidas en listas no cuentan con recursos materiales, financiación suficiente ni apoyo organizacional para hacer campaña y ganar. 
     

  • Violencia política contra las mujeres, tanto en el terreno presencial como en el digital, que va desde amenazas y hostigamientos hasta ataques coordinados en redes y campañas de desprestigio. 

     

Medidas para cerrar la brecha para las mujeres

 

El avance no depende únicamente de que existan normas o cuotas. Requiere cambios reales en las reglas de competencia y en las condiciones para hacer política. Estas medidas pueden ayudar a reducir la brecha: 

 

  • Fortalecer la democracia interna de los partidos para incluir mujeres en las listas con ubicaciones y condiciones reales de competencia y de victoria. 

 

  • Hacer efectiva la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres mediante institucionalidad clara, rutas de atención, seguimiento y control del cumplimiento de las normas. 

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