Sistema pensional colombiano: avances y riesgos de la reforma aprobada

El sistema pensional colombiano llega a un punto de inflexión. Aunque la reforma aprobada en el Congreso busca corregir fallas estructurales, el debate de fondo sigue abierto: cómo ampliar la cobertura sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país en las próximas décadas. Hoy, apenas uno de cada cuatro adultos mayores recibe una pensión contributiva, mientras el gasto se concentra en buena parte en personas de ingresos medios y altos. 

Para Oscar Becerra, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el desafío es doble: corregir inequidades históricas y, al mismo tiempo, evitar que el costo recaiga sobre las generaciones futuras. “El gran reto del sistema pensional hacia adelante es su sostenibilidad financiera”, advierte. 

Frente a ese diagnóstico, la reforma aprobada propone un rediseño estructural basado en un esquema de pilares que busca ampliar la cobertura y corregir inequidades históricas del sistema pensional colombiano. 

El pilar solidario ampliaría la cobertura de 1,7 a 2,5 millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad y aumentaría el subsidio mensual de 80.000 a 230.000 pesos. 

El pilar semicontributivo reemplaza la devolución de saldos para quienes no alcanzan las semanas requeridas por un ingreso vitalicio, aunque inferior al salario mínimo, que garantice un flujo estable en la vejez. 

En el pilar contributivo, todos los trabajadores cotizarán hasta tres salarios mínimos en el régimen público de reparto, administrado por Colpensiones, y el excedente irá a cuentas de ahorro individual. Además, se crea un Fondo de Ahorro para mitigar el impacto fiscal de la transición. 

El principal acierto, coinciden los expertos, es que el sistema ahora piensa en quienes nunca lograron pensionarse. 

Sin embargo, el diseño también concentra la mayor discusión. Al obligar a que la mayoría de cotizaciones hasta tres salarios mínimos vayan al régimen de reparto, donde existen subsidios implícitos, el costo fiscal se eleva de manera significativa. 

Según la Nota Macroeconómica 53 de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el gasto total del sistema pasaría de 139 % a 196 % del PIB en valor presente neto entre 2023 y 2100. Esto representa un aumento adicional de 57 % del PIB, una carga que recaería principalmente sobre generaciones futuras. 

Si el objetivo es mantener los avances en cobertura sin comprometer las finanzas públicas, la Nota Macroeconómica 53 de la Facultad de Economía y Becerra, uno de los autores del análisis, plantean ajustes concretos que podrían reducir de manera significativa el costo fiscal de la reforma y mejorar su equidad intergeneracional. 

1. Reducir el umbral en Colpensiones 

La primera propuesta es bajar el límite de cotización obligatoria en el régimen público de tres a 1,5 salarios mínimos. Con esto, una mayor proporción de los aportes iría al ahorro individual y se limitarían los subsidios implícitos del sistema de reparto. 

Según los cálculos de los investigadores, este ajuste disminuiría de forma importante la presión fiscal intergeneracional. 

2. Aumentar la edad de pensión 

El segundo cambio clave es elevar la edad de retiro en tres años, idealmente atándola a la esperanza de vida. El argumento es demográfico: Colombia, como la mayoría de países, enfrenta un envejecimiento progresivo de su población, lo que significa menos jóvenes cotizando y más personas recibiendo pensión. 

“En la medida en que vivimos más, necesitamos considerar mayores edades de retiro para reducir la presión fiscal sobre los jóvenes”, advierte Becerra.

3. Mantener las semanas requeridas 

El tercer ajuste consiste en mantener el requisito de 1.300 semanas para mujeres, incluso con el bono por hijo que introduce la reforma. La idea es evitar que los incentivos adicionales se traduzcan en un aumento desproporcionado del gasto futuro. 

Con estos cambios, el costo adicional del sistema no sería de 57 % del PIB, sino cercano a 12 %, según las estimaciones de los autores. Esto reduciría de manera sustancial la carga sobre las generaciones futuras y fortalecería la sostenibilidad del modelo. 

El próximo gobierno, en ese sentido, no solo deberá implementar la reforma, sino decidir si introduce estos correctivos para evitar que el esfuerzo por ampliar la cobertura termine comprometiendo la estabilidad fiscal del país en el largo plazo.