En Colombia, el 44 % de los niños y niñas muestra indicios de afectaciones en su bienestar psicológico. A ese panorama se suman los registros de Medicina Legal: 230 suicidios de niños, niñas y adolescentes en 2023 y 140 en el primer trimestre de 2024. Detrás de esas cifras aparecen detonantes como la violencia en los entornos, el conflicto armado, el acoso escolar y el consumo de sustancias psicoactivas. Los datos fueron recopilados por UNICEF Colombia con base en información del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“La prevención de los factores de riesgo y la promoción de factores protectores tienen tanto valor como la destinación de recursos para atender los problemas ya instalados. Construir una sociedad más sana, más empática y con mejores herramientas para afrontar la adversidad puede convertirse en un gran factor protector para la salud mental de las próximas generaciones”, señala Diana María Agudelo Vélez, doctora en Psicología Clínica y de la Salud.

Desde 2025 la Ley 2460 amplió el marco que existía desde 2013 para garantizar el derecho a la salud mental, con prioridad en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y con énfasis en promoción, prevención y atención integral dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Pero el reto, advierte la experta, es pasar del papel a la operación diaria. La Ley respaldada por recursos del Presupuesto General de la Nación, busca ampliar la cobertura para que todas las personas, sin importar su condición social o su ubicación geográfica, puedan acceder a atención en condiciones equivalentes dentro del sistema. Sin embargo, convertir ese propósito en realidad será el desafío más grande para el próximo gobierno: sostener calidad, cobertura y atención universal, desde la promoción de factores protectores y la prevención de riesgos, hasta la atención oportuna de problemas y trastornos.

“La puesta en marcha de las estrategias que allí se plantean sigue siendo desafiante. Esas brechas mantienen un problema estructural: la atención sigue recayendo en buena medida en prestadores privados, y eso hace que un grueso de la población no pueda acceder a servicios de calidad ni a tratamientos efectivos”, señala.

Si el país no atiende la salud mental, advierte Diana María Agudelo Vélez, las consecuencias van más allá de lo individual: se debilitan las estructuras sociales, se desvanecen los vínculos que sostienen la comunidad y se afecta incluso la posibilidad de ejercer una democracia real y de funcionar socialmente en condiciones idóneas. 

Por eso, plantea, para el nuevo gobierno debe ser un desafío central definir qué hará para protegerla. Y no basta con concentrarse en atender problemas cuando ya están instalados: también hay que construir una sociedad emocionalmente más sana, trabajando con niños y familias en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y habilidades para la vida.  
 

Factores que debe tener en cuenta el próximo gobierno en salud mental:

• Educación: Tenemos que educar a la población para que entienda qué es la salud mental, qué implica una consulta psicológica, cuáles son los síntomas de la depresión y por qué acudir a un psicólogo o a un psiquiatra representa un cuidado tan necesario como la atención de la salud física.

• Acceso: La prioridad es ampliar la atención fuera de las grandes ciudades, donde hoy se concentran psicólogos y psiquiatras, y consolidar rutas reales en territorio con apoyo de asociaciones profesionales y universidades desde las prácticas.

• Tecnología con respaldo científico: Aprovechar herramientas ya desarrolladas en el campo de la salud mental que pueden democratizar la atención en condiciones de calidad, siempre que el Estado invierta en investigación y en estrategias basadas en evidencia, con apropiación cultural, para cerrar brechas no solo económicas, sino también geográficas de cobertura. 

La experta señala que hay un factor que puede marcar la diferencia entre las buenas intenciones y los resultados: un trabajo articulado entre el Estado y la academia. La clave, sostiene, es que las políticas y los programas se diseñen a partir de decisiones informadas, respaldadas por la evidencia que producen la ciencia y las disciplinas que estudian la salud mental. Si los recursos públicos y las iniciativas gubernamentales se conectan con ese conocimiento profesional y científico, será más fácil construir estrategias sólidas, hacer seguimiento a su implementación y asegurar veeduría sobre el uso de los recursos. 

“Una veeduría del uso de los recursos y un acompañamiento que permita que trabajemos conjuntamente como sociedad colombiana, sumando los esfuerzos, los conocimientos y la experiencia de muchas disciplinas y de muchos actores alrededor de un tema que nos ocupa a todos, que es preocupación de todos, y que solo lo vamos a poder abordar si pensamos que el trabajo interdisciplinario es posible”.