El derecho en acción

La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes se creó en 1968 con un objetivo: innovar en el campo de la educación jurídica colombiana.

En contraste con el resto de Latinoamérica, en donde predominaba la tradición europea basada en la memorización de contenidos impartidos por un catedrático, la Facultad prefirió el uso de metodologías activas de aprendizaje, impartidas por profesores de planta dedicados a la docencia y la investigación.

Este modelo educativo, de inspiración estadounidense, llegó a Colombia gracias a la influencia de la fundación Law and Development, que buscaba aumentar la eficiencia de la justicia fuera de Estados Unidos.

Una de las principales enseñanzas que heredó la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes fue el método de caso, mediante el cual el docente se vale de procesos reales para entenderlos e interpretarlos en las aulas con la colaboración activa de los estudiantes.

El método de caso requería de una planta de profesores preparada para desarrollarlo. En consecuencia, durante las decanaturas de Carlos Gustavo Arrieta (1986-1990) y Mauricio Echeverri (1990-1993) surgió el ‘Programa Sócrates’, al que se le encargó la formación pedagógica de los docentes.

Paralelamente, en 1997 la Universidad envió doce profesores a la Universidad de Maastricht, en Holanda, con el fin de que se capacitaran en metodología PBL ( problem based learning: aprendi zaje basado en problemas ) y la aplicaran en las aulas uniandinas.

Manuel José Cepeda Espinosa, egresado y antiguo decano de la Facultad, identifica seis elementos que diferenciaron a la Facultad desde el momento de su fundación: la influencia del derecho anglosajón y la colaboración de profesores estadounidenses como Derek Bok, ex presidente de Harvard; el uso de metodologías de enseñanza innovadoras en Colombia; cercanía a los temas económicos y empresariales, bajo la lógica de que la Facultad de Derecho debía aportar al desarrollo económico del país; la vinculación de profesores dedicados a la enseñanza; la posibilidad de estudiar derecho en conjunto con otra disciplina, y una orientación práctica que derivó en la creación de los consultorios jurídicos, que se caracterizan por que estudiantes en práctica ayudan a facilitar el acceso a la justicia a las personas y grupos más vulnerables de la población.

Este instrumento fue tan eficaz que en 1971 el Estado colombiano decretó que todas las facultades de derecho debían incorporar los consultorios jurídicos para ampliar el alcance de la Justicia en el país.

En 2010, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió un informe sobre la situación de derechos humanos en las cárceles de Colombia.

El objetivo de este informe, realizado por el Grupo de Derecho de Interés Público (GDIP) de la Universidad de los Andes, era llenar los vacíos de un estudio parecido que el Estado colombiano había presentado en 2008. El GDIP es una clínica jurídica que reta a los estudiantes a resolver, en escenarios reales, las necesidades jurídicas de determinada comunidad.

La Universidad de los Andes fue una de las pioneras en este tipo de educación práctica, derivada del modelo de consultorio jurídico, que se había conservado sin mayores alteraciones hasta 1991, cuando las reformas a la Justicia que introdujo la nueva Carta Magna obligaron a pensar en una nueva forma de entender y de aplicar el derecho en Colombia.

Así, al tradicional consultorio jurídico, que atiende casos de naturaleza individual, le nació una hermana: la clínica jurídica, que se concentra en casos de justicia colectiva como la libertad de expresión, los derechos de las minorías, el debido proceso, los derechos humanos, el cumplimiento de tratados, entre otros.

Aunque las clínicas jurídicas surgieron de manera oficial en 2007, las temáticas en las que estas se concentran ya habían sido abordadas desde la Universidad de los Andes.

En el boletín informativo El Consultorio Jurídico , publicado en 1975, se reseña que desde entonces el Consultorio contaba con investigaciones de temas de justicia colectiva tales como ‘Seguridad Urbana en materia de Incendios’ o ‘Aplicación del Sistema Progresivo Carcelario en Colombia’.

Un trabajo similar se hacía desde 1981 en el Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS), que ha funcionado como “una plataforma para interactuar con la sociedad y alimentar los debates que se generan al enfrentar el derecho con nuestra realidad social”. Así lo indicaron los autores Ana María Otero-Cleves y Andrés Jiménez Ángel en su libro Cuarenta años innovan do el Derecho: una mirada a la Facultad de Derecho de La Universidad de Los Andes (1968-2008) .

PAIIS, programa fundado en 2007, ha enfocado su trabajo en temas de discapacidad. Sin embargo, en 2012 sus ejes temáticos empezaron a incluir temas de orientación sexual, identidad de género diversa y tercera edad. En 2016 el área de tercera edad fue eliminada para incluir dos ejes transversales: construcción de paz y objetivos de desarrollo sostenible. En 2017, PAIIS fue uno de los 30 nominados al premio “mejores líderes de Colombia”, otorgado por la revista Semana y la fundación Liderazgo y Democracia.

Otro de los aportes que resultaron de la implementación del modelo de consultorios y clínicas jurídicas en Los Andes fue la creación del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos, que buscaba impulsar acciones jurídicas, estudios, cursos, intervenciones públicas y estrategias virtuales que promovieran la defensa de los derechos humanos en la aplicación del derecho internacional. Justicia Global, que estuvo activo hasta 2014, intervino en casos ante la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2013 se creó el Grupo de Prisiones, que trabaja en favor del respeto de los derechos humanos y del acceso a la justicia de la población reclusa por medio de la asesoría y la representación jurídica, el litigio de alto impacto, la capacitación en defensa y ejercicio de los derechos ciudadanos, y la asesoría legislativa y en política pública.

Finalmente, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública, MASP, ha hecho investigaciones alrededor del régimen jurídico para la donación de cuerpos y órganos con fines de investigación científica, y de la protección ambiental, en particular la del páramo de Pisba.