Uniandino es elegido miembro del Comité de la ONU contra la Tortura

A partir del 1 de enero del 2018 y por un periodo de cuatro años, Diego Rodríguez-Pinzón, egresado de la Facultad de Derecho de Los Andes (1989), asumirá su cargo como asesor independiente en el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, convirtiéndose en el primer colombiano en ser escogido para este cargo.

Rodríguez-Pinzón, también codirector de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Humanitario de AUWCL, enseña cursos en los campos del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Trabajó en la Presidencia de la República de 1989 a 1992, como oficial para Latinoamérica del International Human Rights Law Group en Washington DC y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Del 2007 al 2011 fue designado Juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. A finales de los 90 ingresó al Washington College of Law de American University donde actualmente es profesor de tiempo completo y codirector de la Maestría (LLM) en Derechos Humanos y Derecho Humanitario y de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

"Esta designación es un gran honor que lleva consigo el mandato crucial de enfrentar la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes en todo el mundo", afirma Rodriguez-Pinzón, magíster en Derecho Internacional en el Washington College of Law de American University (Washington DC) y doctor de la Facultad de Derecho de George Washington University.

El abogado uniandino hace parte del Comité contra la Tortura, órgano colegiado de diez personas expertas independientes, de alta moralidad y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Los cinco miembros que siguen con sus mandatos son: Felice Gaer (vicepresidente, Estados Unidos), Abdelwahab Hani (Túnez), Claude Heller Rouassant (vicepresidente, México), Ana Racu (Moldova) y Sébastien Touze (relator, Francia).

¿Qué papel va a tener en el Comité contra la Tortura de la ONU?

El Comité está encargado de velar por el cumplimiento de las normas de la Convención contra la Tortura de la ONU por parte de los 162 estados que hacen parte. Es una designación ad honorem en mi carácter de experto independiente, que implica que no actúo como representante de Estado alguno, sino que ejerzo las funciones a título personal. A partir de enero el Comité estará integrado expertos(as) de China, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Marruecos, México, Moldavia, Rusia y Túnez.

¿Qué significa para usted y para Colombia esta designación?

Esta designación tiene especial relevancia desde varios puntos de vista. En primer término, es un gran éxito de la diplomacia nacional que por primera vez logra que un colombiano integre este prestigioso Comité, lo cual es un reconocimiento de la comunidad internacional a nuestro país y a los logros que se están materializando en la búsqueda de la paz y la justicia. Esto es especialmente relevante si se toma en cuenta que hay 162 estados parte de la Convención contra la Tortura de la ONU y todos ellos pueden presentar candidatos(as) y votan para elegir los miembros del Comité. En esta ocasión, competía con candidatos(as) de Armenia, Burkina Faso, China, Dinamarca, Marruecos, Mauricio, Rusia, y Serbia.

En segundo lugar, es un gran honor ser elegido debido a que los estados reconocen mis calidades personales y profesionales, características requeridas por el tratado en materia de integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. En este sentido, creo que es además un reconocimiento a todas aquellas personas e instituciones que han sido parte de mi formación profesional, como lo es la Universidad de los Andes y su Facultad de Derecho, de la cual estoy muy orgulloso.

En tercer lugar, es el reconocimiento de la comunidad internacional sobre la importancia de contar con la experiencia de la región latinoamericana y del caribe en el trabajo del Comité. Muchos países de la región americana ha tenido importantes desarrollos en materia de derechos humanos, que son buenos ejemplos de acciones que pueden contribuir a superar la tortura y los malos tratos en todos aquellos países y regiones donde sigue ocurriendo. Creo que Colombia es uno de los países que, al enfrentar los tremendos desafíos que ha tenido en las últimas décadas, ha logrado desarrollar herramientas institucionales que pueden servir de ejemplo sobre cómo servirse de las normas internacionales de derechos humanos para buscar mejorar la protección nacional de derechos humanos.

¿Cuáles son las acciones a desarrollar una vez asuma su cargo en 2018?

El Comité recibe informes periódicos de los estados sobre el cumplimiento del tratado contra la tortura. Esto permite entablar un diálogo y emitir observaciones a dichos estados para mejorar la implementación de sus obligaciones internacionales. Además, el Comité recibe comunicaciones en las que se denuncian posibles violaciones de derechos humanos y procede a decidirlas de manera cuasi-judicial estableciendo si se vulneraron derechos consagrados en la Convención y ordenando reparaciones a las víctimas. Adicionalmente, el Comité puede emitir medidas provisionales de protección a favor de personas en riesgo de ser torturadas o maltratadas para prevenir que ello ocurra. Asimismo, el Comité puede emitir Comentarios Generales interpretando disposiciones de la Convención para aclarar el alcance de dichas normas, entre otras funciones.

Pero además hay otras tareas que son inherentes al mandato. Por ejemplo, para mí, es importante adelantar una labor de difusión sobre el trabajo del Comité en diferentes ámbitos. En mi papel de profesor de derecho este es un aspecto primordial no solo en mi institución académica, sino en instituciones públicas, organizaciones sociales y para el público en general. De la misma manera, creo que es esencial continuar con la labor de buscar que más estados ratifiquen la Convención contra la Tortura. El objetivo último es lograr que todos los estados de la ONU entren a ser parte de este marco normativo, lo cual fortalecería notablemente la legitimidad y el impacto de este instrumento en la comunidad internacional y en cada país, en beneficio de las víctimas de este flagelo.