Órganos de control ¿Guardianes de lo público?

Tras la firma de la Constitución del 91, se tuvo gran expectativa sobre lo que sucedería con los entes de control, especialmente con la Procuraduría y la Contraloría. Pero, con los años, se ha creado un ambiente de desconfianza y politización frente a estos. Un debate profundo sobre su actuar se ha planteado como necesario por los académicos, y por eso la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes lanzó el semillero de investigación Órganos de control ¿guardianes de lo público? para reflexionar sobre estos entes.

“Lamentablemente, la corrupción y los problemas de transparencia nos han generado mucha confusión. Vemos unos órganos de control deslegitimados, desfigurados en esas grandes expectativas iniciales”, dijo Eleonora Lozano, decana de la Facultad de Derecho de Los Andes, durante el panel que inauguró el semillero. En este también participó Sandra Morelli, excontralora general de la república; Vivian Newman Pont, directora de Dejusticia y Juanita Olaya, profesora de la facultad.  

Para Morelli estas instituciones han sido fuente de burocracia y llevan años siendo altamente desprestigiadas. Para ilustrarlo recordó el término “corbata”, que se utilizaba en los noventa para referirse a cargos en que las personas se ponían cada quincena la prenda para ir a cobrar un sueldo.  “La Contraloría de entonces, en ese país pequeñísimo, tenía entre 15 mil y 27 mil empleados, eso era una monstruosidad”, recuerda Morelli.  

Para la excontralora en el 2011 se dieron cambios positivos con la Ley 1447, que dio herramientas procesales para buscar bienes, para embargar, para hacer procesos orales y otras que les dan celeridad a las decisiones. Además de mejoras en archivística y procedimientos contractuales, importantes para aspectos preventivos. Con estos cambios la Contraloría empezó a ser incómoda para los Gobiernos, aunque para Morelli “son los rifirrafes normales del control”. El juego de contrapeso que se debe dar entre las instituciones del Estado. 

Juanita Olaya, quien además es codirectora del nuevo semillero de investigación, dijo que el problema de deslegitimación y pérdida de credibilidad, aunque no es nuevo, tuvo un punto de inflexión clave con la reelección presidencial: “Nos alteró los periodos, nos alteró las responsabilidades, alteró la independencia, los pesos y los contrapesos de manera muy grave”. 

Para Viviana Newman “ha habido debilitamiento de las instituciones, y ese debilitamiento se da porque los objetivos que debían tener están empezando a guiar las políticas de gobierno, en lugar de guiar políticas de Estado”. 

La directora de Dejusticia habló del panorama desde el 2002, tomando los dos períodos de Uribe y de Santos, donde “no cambió mucho el horizonte”, y anotó que ahora los gobiernos están teniendo más incidencia en cada uno de los órganos de control, que fueron creados para representar con independencia y con autonomía las políticas de Estado. 

Las panelistas igualmente analizaron el tema de la Procuraduría y la sanción de funcionarios de elección popular. Se refirieron a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya había dicho en el caso de Gustavo Petro, sobre la vulneración de sus derechos políticos y sobre el pedido de esta de cambiar las normas para que entidades de control no pudieran destituir a funcionarios elegidos por voto popular.  

Respecto a ese fallo del 2020, Juanita Olaya anotó que “los derechos políticos son de especial protección y una institución administrativa como la Procuraduría no tiene facultades realmente para afectarlos de esa manera. Esos derechos solo pueden ser afectados por jueces”.  

De la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el pasado 10 de mayo, dijo que la procuraduría debe evitar hacer distingo de partidos políticos o de ubicación. A un par de semanas de las elecciones, le parece contradictorio que se sancione a un alcalde por participación en política y parezca que la Procuraduría estuviera haciendo lo mismo. 

Para Olaya estas organizaciones se han desnaturalizado. Han pasado de ser entes que deberían dar confianza al ciudadano, a ser instituciones que cogobiernan. Esa situación lleva al fenómeno de poner casi siempre en duda las decisiones de los funcionarios y ha llevado a que para muchos no sea atractivo trabajar en el sector público; una discusión que tiene constantemente con sus estudiantes. Ve que la innovación que se necesita se limita "porque nadie se atreve a crear, a inventar, a decidir, porque de pronto hay alguien, en un organismo de control, que se le ocurre que esa idea no es buena”. 

Otro problema planteado es el desconocimiento o la falta de concreción de lo que es lo público.  Su no definición y las múltiples interpretaciones de lo que habría que proteger, que lleva a que se terminen defendiendo los intereses particulares. 

“El interés público no lo hemos vuelto a definir. La Constitución del 91 creó una base, pero nos faltó un proceso de llenar eso de contenido, proceso que ha hecho la Corte Constitucional. Pero ese trabajo de dar vida, de implementarla, nos ha faltado. Tenemos diferentes visiones de qué es lo público y, por tanto, diferentes visiones de qué es corrupción”, dijo la profesora. 
 

El semillero buscará hacer un ejercicio interdisciplinario de reflexión sobre estos organismos. El objetivo es que estudiantes, profesores, investigadores y diferentes miembros de la sociedad participen con sus investigaciones y reflexiones. 

El propósito igualmente es crear espacios de debate y análisis sobre el impacto institucional, social y económico de estos órganos y así proponer mejoras. “Queremos generar en nuestros egresados y en nuestros estudiantes ese interés por lo público. Y quisiéramos, además, minimizar esos miedos que hay frente a estos trabajos”, dijo Eleonora Lozano. 

El conversatorio de lanzamiento del semillero hizo parte de la serie “Derecho y coyuntura”.