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01/03/2026

Los colombianos que no votan deben estar en el centro del debate (análisis)

“En medio de debates sobre corrupción, orden público, modelos de desarrollo económico y reformas institucionales, hay un tema que no da espera: la protección integral de la niñez y la adolescencia”, analiza Arturo Harker Roa, de la Universidad de Los Andes.

El próximo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de fortalecer los sistemas de protección, articulando sectores como educación, salud, protección social y justicia. Esto implica: invertir sustancialmente en el talento humano que trabaja con las familias (p.ej; las docentes y madres que implementan los modelos de atención del ICBF) y que atiende los casos de niños y niñas vulnerados (p.ej; los defensores de familia y las fiscales especializadas en niñez y adolescencia); mejorar los sistemas de información (necesitamos planear ya una nueva encuesta nacional de violencia); y garantizar que las agencias de seguridad y justicia cuenten con recursos y capacidades reales para monitorear y responder a las alertas de violencia (p.ej; necesitamos fortalecer los equipos de inteligencia en la Policía Nacional y la Fiscalía para niños, niñas y adolescentes).

 

La protección infantil no es un tema sectorial. Es un indicador central del tipo de sociedad que queremos construir. Los países que han logrado reducir sostenidamente la violencia contra la niñez lo han hecho reconociendo el inmenso costo de la inacción (cercano al 8% del PIB) y desarrollando estrategias coordinadas, sostenidas en el tiempo y con liderazgo político claro. Colombia tiene la evidencia, las organizaciones y las capacidades técnicas para hacerlo. Lo que necesitamos es voluntad política y prioridad presupuestal.

 

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