La educación va más allá de quién sea presidente

En Colombia, la educación suele ser tratada como un rubro presupuestal más o un tema de campaña a chulear. Rara vez se asume como la estructura fundamental sobre la cual se construye la nación.

Para Rocío Olarte, asesora del viceministerio de Educación Superior, el país necesita un cambio de paradigma: dejar de ver la educación como un sector comparable con vivienda o transporte, para convertirla en una política de Estado capaz de "trascender cada uno de los gobiernos que tenemos cada cuatro años”.

Ese cambio va más allá del presupuesto. Aunque Colombia invierte entre el 4,5 % y el 5 % de su Producto Interno Bruto (PIB) en este sector —porcentajes comparables con los de Francia o Brasil—, los resultados de las pruebas PISA ubican al país en el puesto 64 entre 81 naciones evaluadas. Es decir, que la brecha entre el gasto y el aprendizaje refleja un problema con un diseño institucional que se ha quedado rezagado frente a las demandas de un mundo en constante transformación. 

El diagnóstico lleva años sobre la mesa. Lo que hace falta, coinciden las expertas, es impulsar cambios de largo plazo. Para María Victoria Angulo, exministra de Educación, “la educación no debería ser ni de derecha ni de izquierda. Esta necesita tantos acuerdos y tanta continuidad que es un proyecto país”.

Uno de los problemas más críticos que enfrenta el sistema educativo es su profunda rigidez. Durante décadas, el modelo se ha estructurado en etapas que no siempre se comunican entre sí —como la educación media y la superior— y que se conciben como una trayectoria lineal. Esta lógica desconoce que, en un país marcado por profundas desigualdades, muchos estudiantes interrumpen sus estudios en distintos momentos de la vida y que abandonar el sistema suele entenderse como el fin de su formación.

Esa fragmentación genera lo que Constanza Alarcón, exviceministra de Educación, describe como un "tubo de agua con perforaciones", donde la motivación se escapa en cualquier momento del recorrido y muy pocos logran llegar al final.

Para Alarcón, el enfoque actual es reactivo y punitivo: “Los indicadores del sistema para poder regular la trayectoria son repitencia, pérdida o deserción. Es un sistema que está concebido desde el fracaso”.

Esta estructura tampoco contempla la diversidad de las trayectorias de vida y sigue apoyándose en esquemas diseñados hace siglos, que ya no responden a los intereses, ritmos y necesidades de las nuevas generaciones.

Esta rigidez también suele traducirse en una desconexión con el mundo laboral. Muchos jóvenes, especialmente en las regiones, no perciben que continuar estudiando se traduzca en una mejora real de su calidad de vida.

Martha Laverde, experta en reformas educativas, recuerda lo que le dijeron unos estudiantes de un pequeño municipio agrícola de Antioquia: “¿Para qué vamos a gastar dos años más de nuestra vida, que no es obligatorio, para hacer lo mismo que hacen nuestros papás: recoger el fríjol, ponerlo en un bulto y sacarlo a la carretera?”.

El sistema educativo, según Laverde, debe escuchar más a los jóvenes y reconocer sus proyectos de vida. Eso implica ajustar la oferta educativa a las necesidades de los territorios y del sector productivo, para que la formación responda tanto a las oportunidades laborales como a las expectativas de quienes estudian.

De no hacerlo, advierte, todos podrían verse afectados: el sector productivo enfrentará escasez de mano de obra; las instituciones educativas verán caer la matrícula y aumentar la deserción; y la sociedad tendrá que afrontar el crecimiento de los llamados "ninis".

Claudia Restrepo, rectora de EAFIT, coincide en que el sistema necesita mayor flexibilidad y dinamismo. A su juicio, acreditar a las instituciones más que a los programas permitiría ofrecer currículos más pertinentes y adaptarse con mayor rapidez a los cambios del mercado laboral y a la llegada de nuevas tecnologías.

La falta de pertinencia y flexibilidad del sistema educativo tiene una consecuencia directa: la deserción. Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, pone en cifras esta realidad: “Cuatro de cada diez bachilleres pasan a la educación superior, ese ya es un número preocupante, y en promedio uno de cada tres de los que entran, deserta”.

El problema se agrava en los sectores de menores ingresos. Aunque existe gratuidad en la matrícula de algunas universidades públicas, muchos no cuentan con los recursos suficientes para cubrir gastos de transporte, materiales o alimentación. Esto obliga a varios a trabajar y, en algunos casos, a abandonar sus estudios. Por lo tanto, no se trata solo de abrir las puertas, sino de garantizar que el viaje educativo pueda completarse con éxito.

A este panorama se suman problemas estructurales de financiamiento. Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, señala que cerca del 90 % del presupuesto se destina al funcionamiento (nóminas y administración), lo que deja un margen muy reducido para invertir en infraestructura, innovación o laboratorios. Además, advierte que la falta de coordinación entre distintas entidades del Estado genera duplicidad de funciones y un uso ineficiente de los recursos.

Frente a lo mencionado, las expertas coinciden en que el país necesita un cambio de paradigma. La educación debe dejar de entenderse como una etapa limitada a los primeros años de la vida y convertirse en un proceso flexible, integrado y permanente.

Para Raquel Bernal, esto implica transformar la educación superior para que sea "modular y apilable", de modo que las personas puedan certificar competencias en ciclos cortos y, si deben interrumpir sus estudios por razones económicas u otras circunstancias, esos aprendizajes sean reconocidos posteriormente. 

Las expertas sugieren implementar un seguimiento "uno a uno" apoyado en la tecnología y sistemas de información robustos que permitan una trazabilidad minuciosa de cada estudiante, similar a la precisión que emplean sectores como el bancario o el fiscal, donde se den alertas tempranas de deserción. 

Por su parte, Natalia Ariza, rectora del TEC Alianza, insiste en que el país debe dejar de estigmatizar la formación técnica. En un mercado laboral donde el 72 % de las ocupaciones corresponde a este tipo de perfiles, considera necesario fortalecer este pilar en articulación con la industria. La educación, afirma, debe entenderse como un proceso permanente de actualización de capacidades, apoyado en herramientas como las microcredenciales.

Más allá de las propuestas específicas, la formación debe ocupar un lugar central en la agenda de productividad y equidad del país y convertirse en una política de Estado. En palabras de Bernal, hace falta “un pacto nacional por la educación”.

El reto para Colombia es dejar de entender el aprendizaje como una sucesión de etapas para "chulear" y asumirla como un proceso continuo que acompañe a las personas a lo largo de su vida. Solo así será posible pasar de los diagnósticos a las transformaciones que el país necesita, sin importar quién ocupe la Casa de Nariño.