El déficit fiscal también toca su billetera

Desde la Guerra de los Mil Días Colombia no había enfrentado una situación fiscal como la actual, dice el profesor David Pérez-Reyna de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, quien recuerda como el país ha sido disciplinado en esta materia, pero con la llegada de la pandemia por covid-19 y algunos manejos gubernamentales desacertados, el hueco ha crecido. Se pronostica que para 2027 se siga incrementando.  

Aunque el déficit fiscal se vea como una cifra abstracta de la macroeconomía y no como algo cotidiano que se perciba en el día a día, sí afecta a todos los colombianos.

Su efecto se cuela de forma silenciosa en el costo de vida. Como explica Pérez-Reyna, el Estado es un actor gigantesco en la economía y, al gastar por encima de sus posibilidades, ejerce una fuerza que impulsa los precios al alza y mantiene la inflación por encima de las metas del Banco de la República. Es decir, las compras en el supermercado salen más caras. 

La inflación se vincula con otro problema: el encarecimiento del crédito. El Estado es el deudor más seguro del país, por lo que las tasas a las que se endeuda —las cuales suben o bajan según su salud financiera— sirven como referencia para todo el mercado. Si la situación fiscal se deteriora, la tasa que debe pagar el Estado será muy alta. En consecuencia, si un ciudadano común solicita un crédito hipotecario para comprar una casa, el banco le cobrará una tasa de interés igualmente elevada. 

En los últimos años se ha difundido la idea de que el Banco de la República sube las tasas para perjudicar o beneficiar a un gobierno. Sin embargo, para Pérez-Reyna, el ajuste de las tasas no responde a una decisión aislada o arbitraria, sino que es una respuesta obligada ante la realidad económica del país. 

El déficit puede igualmente aumentar el desempleo. Con intereses más altos, menos capacidad de deuda y la necesidad de recortar gastos por parte de empresarios y el Estado, se puede llegar al recorte de personal.   

Finalmente está lo que evitan todos los países: llegar a una dominancia fiscal. En términos simples, esto ocurre cuando el gobierno gasta a manos llenas, por encima de sus ingresos y obliga al banco central imprimir billetes para cubrir el faltante del presupuesto, en vez de que este priorice el control de la inflación. Basta recordar los fajos de bolívares venezolanos convertidos en artesanías debido a la pérdida acelerada de su valor. Afortunadamente, según Pérez-Reyna, este es un riesgo lejano para Colombia gracias a la independencia constitucional del Banco de la República. 

El economista Timothy Kehoe, de la Universidad de Minnesota, señaló durante el IX Congreso de Economía Colombiana en la Universidad de los Andes que “la política fiscal responsable no es ni de derecha ni de izquierda”, y citó estudios que muestran cómo “la polarización política lleva a la falta de disciplina fiscal”. Esta confrontación extrema lleva a gastar como si el país fuera a acabarse el día en que asuma el poder el mandatario opositor, a quien se le traslada la deuda. 

Al hablar de estos temas, seguramente muchos lectores pensarán en gobernantes pasados y presentes, pero, intentando dejar la política de lado, analizar cómo se llegó a este punto resulta esencial para aprender y corregir. 

Para David Pérez-Reyna, aunque existe evidencia sobre el impacto negativo de la polarización, al deterioro de la economía actual se le suman otros factores. El profesor, doctor en Economía e investigador sobre la asignación ineficiente de recursos, explica que Colombia ha sido reconocida históricamente como una nación disciplinada en lo fiscal, lo que la ha diferenciado de otros países de la región y le permitió sortear diversas crisis. Pero llegó la pandemia. 

En 2019, antes de la llegada de la covid-19, el déficit fiscal era del 2,5 %. La atención de la emergencia y el apoyo a los hogares vulnerables dispararon el gasto público, llevando el indicador al 7,8 %.  

Tras este incremento, habitual en periodos de crisis, el país experimentó una reactivación. Gracias a dicho rebote económico, las finanzas estatales lograron recomponerse. “Colombia estuvo a nada de solucionar el problema de tener un déficit fiscal primario”, recuerda Pérez al referirse a lo ocurrido en 2023, cuando el déficit llegó a 4,2 %. 

Sin embargo, ese ajuste resultó ser un espejismo propiciado por la reforma tributaria de 2022, la cual incrementó las retenciones empresariales y anticipó a 2023 recaudo que correspondía a 2024. El bajón en las finanzas vino cuando las cuentas oficiales presupuestaron los años siguientes con un optimismo de recaudo injustificado, asumiendo que esos ingresos extraordinarios se repetirían. 

Ese desfase profundizó el boquete en las finanzas del Estado y condujo al incumplimiento de la regla fiscal en 2025, la cual permanecerá suspendida hasta 2027. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta que 2026 cerrará con un déficit del 7,2 % y prevé que en 2027 este alcance el 9,4 %. 

Al igual que en los hogares, reducir el gasto resulta complejo y las medidas pueden sonar molestas y controvertidas. Es allí donde los economistas buscan equilibrar las políticas para maximizar el bienestar de la mayoría. 

En materia de reducción del gasto, Pérez-Reyna desestima el argumento de que el presupuesto es inflexible e intocable, e insiste en que el marco legal puede reformarse en el Congreso para brindar mayor margen de maniobra. Asimismo, enfatiza la necesidad de 'sincerar' las cuentas públicas y desmontar los subsidios generalizados a combustibles como la gasolina y el diésel. Según explica, mantener precios artificiales no alivia realmente el bolsillo popular, sino que traslada el costo a toda la sociedad, materializándose en los efectos económicos antes descritos. 

Respecto a los ingresos, incrementar las tarifas tributarias vigentes sería un error contraproducente, en especial en el impuesto de renta a las empresas, cuya carga en Colombia ya resulta desproporcionadamente alta en comparación con el promedio latinoamericano e incluso frente a países escandinavos: “las empresas son un medio que los humanos creamos para hacer cosas y generar riqueza. La mayoría de los colombianos somos empleados y vivimos de nuestro salario. Entonces, atacar a las empresas, es dispararnos en el pie”.

Un aspecto tranquilizador para el profesor es que el actual gobierno reconozca la existencia del problema fiscal y busque apoyo en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque advierte que deben tomarse medidas pronto. Por otro lado, Colombia tiene un peso fortalecido y no tiene una emergencia como fue la del covid-19.

Si bien el país enfrenta una coyuntura fiscal crítica, el hecho de estar trabajando para superarla es una buena noticia. Eso sí, se debe evitar a toda costa que la polarización y la conveniencia política conduzcan a una indisciplina fiscal que haga más profundo el hueco financiero. 

Este fue uno de los temas discutidos en el IX Congreso de Economía Colombiana. Reviva algunas de las plenarias del evento aquí.