¿Qué significa para Colombia un acercamiento al FMI?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 27 de septiembre, durante una alocución televisada, que Colombia iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar las dificultades de las finanzas públicas. El mandatario encargó al Ministerio de Hacienda y al equipo económico buscar una salida negociada a la crisis.

La decisión abre preguntas sobre cuánto dinero podría recibir el país, qué compromisos asumiría y cómo podrían repercutir en los ciudadanos. Iniciar conversaciones, sin embargo, no equivale a tener un crédito aprobado: primero se deben evaluar las necesidades del país, negociar las condiciones del posible acuerdo y obtener la aprobación del organismo.

“Lo que busca esta conversación con el Fondo Monetario es mejorar el perfil de la deuda, que en otras palabras quiere decir reducir la tasa de interés que pagamos por dicha deuda”, explica Hernando Zuleta, magíster en Economía de la Universidad de los Andes.

Para entender ese alivio, hay que distinguir entre el dinero que el Estado debe y los intereses que paga por haberlo recibido. Conseguir financiamiento menos costoso podría reducir el gasto en intereses y dejar más recursos disponibles para atender otras necesidades. Un eventual acuerdo, sin embargo, no modificaría automáticamente las tasas de toda la deuda existente.

“Más de la tercera parte del déficit se explica por pago de intereses”, señala Zuleta. El déficit fiscal aparece cuando los gastos del Estado superan sus ingresos. Para cubrir ese faltante, el Gobierno necesita financiamiento, lo que puede generar nuevas obligaciones.

El economista plantea un ejemplo: una reducción de 200 puntos básicos —equivalentes a dos puntos porcentuales— en la tasa de interés de la deuda podría representar, bajo ese supuesto, un ahorro cercano al 1,2 % del producto interno bruto (PIB). Se trata de una estimación ilustrativa, no de un resultado garantizado de las conversaciones. El ahorro efectivo dependería de cuánta deuda pudiera financiarse a una tasa menor y en qué plazos.

“Cuando se gasta y no se tiene con qué pagar, hay que pedir prestado. Pero cuando se pide prestado y no se tiene credibilidad ante el banco o ante cualquiera que le quiera prestar a uno, le terminan cobrando costos más altos.”, explica Jorge Tovar, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley. Según su análisis, el Gobierno anterior elevó el gasto sin contar con ingresos suficientes y recurrió a un endeudamiento costoso para financiarlo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización integrada y administrada por sus países miembros que promueve la estabilidad económica y financiera. Para ello, analiza las economías, asesora a los gobiernos y ofrece financiamiento para prevenir o enfrentar crisis. Su apoyo busca dar a los países margen para corregir desequilibrios y recuperar condiciones que favorezcan el crecimiento y el empleo. 

Ese respaldo no es una donación: los recursos prestados deben pagarse y su acceso está sujeto a requisitos. El país solicita la ayuda, el organismo evalúa su situación y, según el instrumento, ambas partes acuerdan los compromisos que acompañarían el financiamiento.  

Jorge Tovar,  doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley, señala dos posibles vías: un programa con compromisos de política económica o el acceso a una Línea de Crédito Flexible. Esta última está reservada para países que demuestren fundamentos económicos y políticas muy sólidos. 

La diferencia está en los requisitos y el seguimiento. Mientras un programa condicionado exige cumplir compromisos durante su ejecución, la Línea de Crédito Flexible se basa en una evaluación rigurosa previa y no exige un programa de ajustes posterior al desembolso. Por eso, no debe confundirse con un préstamo sin requisitos. 

Colombia contó con este mecanismo, pero las autoridades cancelaron el acuerdo vigente a partir del 1 de octubre de 2025, según informó el FMI. Tovar considera deseable recuperar ese acceso, aunque su aprobación dependería de una nueva evaluación. 

Para el economista, un eventual respaldo podría ayudar a reducir el costo del financiamiento y fortalecer la confianza en el país. El alcance de esos beneficios dependería del acuerdo que se negocie. 

Colombia contó con este mecanismo, pero las autoridades cancelaron el acuerdo vigente a partir del 1 de octubre de 2025, como informó el FMI. Tovar considera que recuperar ese acceso sería deseable, aunque dependería de una nueva evaluación. 

Reducir el costo de la deuda y recuperar la confianza son dos de los posibles beneficios de un acercamiento al Fondo Monetario Internacional.  

Conseguir recursos a un menor costo daría un respiro a las finanzas públicas, pero, para Zuleta, ese alivio tendría que acompañarse de decisiones que acerquen los gastos del Estado a sus ingresos. “Seguramente también vamos a tener que plantear una reforma tributaria”, sostiene. En su análisis, pagar menos intereses ayudaría a ordenar las cuentas, aunque no evitaría la discusión sobre dónde reducir gastos o cómo aumentar el recaudo.

Esa discusión podría llegar a los subsidios, al funcionamiento del Estado y a los impuestos, como plantea Tovar. Nada de eso está acordado: son posibilidades que dependerían de la negociación. Para los ciudadanos, sus efectos tomarían forma en decisiones concretas sobre los programas que se mantienen, los que se modifican y las personas que asumirían una mayor carga tributaria. Por eso, tan importante como cuánto dinero podría recibir Colombia sería conocer qué compromisos adquiriría para obtenerlo.

La confianza también estaría en juego. Buscar apoyo del FMI puede leerse como una señal de dificultades, pero Zuleta considera que estas ya son conocidas por los inversionistas: “Los mercados saben cuánto es el déficit. Los mercados saben cuál es la situación fiscal de Colombia”.

El riesgo, advierte Tovar, sería asumir compromisos que después el país no pueda cumplir y debilitar así la credibilidad que busca recuperar. A esa preocupación se suman las tensiones políticas y sociales que podrían surgir si el Gobierno no explica con claridad las medidas y sus consecuencias.

Colombia podría continuar emitiendo deuda para financiarse, reconoce el profesor, aunque hacerlo a tasas elevadas mantendría la presión sobre el presupuesto. Un eventual acuerdo con el FMI ofrecería otra vía. Su alcance dependería de las condiciones que se negocien y de la capacidad del país para convertir ese alivio financiero en unas cuentas más sostenibles, sin perder de vista las necesidades de quienes dependen del gasto público.