¿Dónde empieza lo ilegal? Tres economías, un mismo territorio en disputa

En Vistahermosa, Meta, la selva alguna vez fue cubierta por cultivos de coca. Bajo la inclemencia del sol, ahora pastan reses.  

Ya no hay coca, pero nadie puede decir con certeza si lo que hay ahora es completamente legal. Porque allí, como en muchas otras regiones de Colombia, la legalidad no tiene fronteras claras.  

Las economías ilícitas, lícitas e informales se mezclan como capas de un mismo suelo: difíciles de separar, imposibles de entender en blanco y negro. 

Esta es la realidad que describe el más reciente informe del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, titulado Impactos ambientales y transiciones entre economías ilícitas, informales y lícitas en Colombia: Coca-cocaína, oro y ganado.  

El estudio analiza cómo la coca, la minería de oro y la ganadería coexisten en departamentos como Putumayo, Meta y Nariño, en una relación tan compleja como persistente. 

Según el CESED, en departamentos como Putumayo, el 30,8 % de los municipios presentan simultáneamente actividades de coca y minería de oro. En Nariño, estas dos economías se cruzan en áreas de alto valor ambiental. Y en regiones como Vistahermosa (Meta), muchas zonas que fueron cocaleras hoy están ocupadas por ganadería extensiva, en parte por la degradación de los suelos tras las aspersiones con glifosato. 

Estas transiciones no implican, necesariamente, un paso hacia la legalidad. El doctor en Ciencia Política y profesor de Los Andes, Mauricio Velásquez, explica que “las transiciones que se observan en zonas de desconcentración cocalera hacia la ganadería o la minería de oro no son dirigidas por los grupos armados, sino aprovechadas por ellos”. Es decir, no son los ilegales quienes cambian las reglas, pero sí quienes encuentran cómo insertarse en los nuevos ciclos económicos. 

Velásquez agrega que hablar de “legal” o “ilegal” es insuficiente para entender estas dinámicas. “Las categorías de legalidad e ilegalidad son simplificaciones que obstaculizan la comprensión de los fenómenos descritos”, afirma.  

En ese sentido, una misma actividad puede adquirir diferentes significados: una hectárea de pasto puede ser un intento legítimo de reconversión productiva, una forma informal de subsistencia o una fachada para lavar activos. Todo depende del actor, el contexto y el grado de control estatal. 

El informe del CESED subraya que muchos de estos “paisajes grises” aparecen donde la presencia estatal es débil o inexistente. Velásquez lo resume así: 

En ausencia de regulación efectiva, los grupos armados llenan ese vacío: imponen reglas, cobran impuestos y ofrecen protección. Incluso llegan a “administrar directamente enclaves [territorios] extractivos”, sobre todo en el caso de la minería de oro. 

Además, muchas políticas públicas han fallado. La implementación incompleta del Acuerdo de Paz, la criminalización de prácticas informales y la ausencia de procesos de formalización con enfoque ambiental han contribuido al problema. “La informalidad es un componente central del problema”, dice Velásquez. 

Por eso, más que reforzar la represión o multiplicar operativos, los investigadores recomiendan reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades. Comprender los matices no significa justificar lo ilegal, sino reconocer las fallas estructurales que lo permiten.