Creación de empleo de calidad: el reto para la economía colombiana

Ya no es noticia: 

En Colombia la mitad de los trabajadores están en la informalidad, varios de ellos no alcanzan mensualmente un salario mínimo legal y 29 % ni siquiera recibe la mitad de este monto. 

La situación es desalentadora, pues este escenario sigue llevando a millones de ciudadanos a mayor inestabilidad económica, deficiencia en atención en salud y la dificultad de obtener una pensión. Esta no es una población inactiva, por el contrario, los trabajadores de bajos ingresos recurren mayoritariamente al autoempleo de subsistencia o a micronegocios.  

Al otro lado del espectro, en las familias más ricas, la norma es el empleo formal, que les garantiza seguridad social y estabilidad económica.  

Las cifras de los últimos 24 años muestran que la desigualdad se agudiza cuando la economía se desacelera, aumentando el panorama de trabajos de pocos ingresos. Para reversar esa situación, el crecimiento del sector empresarial formal ofrece una ruta directa para reducir la desigualdad reinante en Colombia; las empresas con más de 10 empleados actúan como plataformas de productividad donde el talento humano genera mayor valor y, por tanto, mejores ingresos para las compañías y sus empleados. 

Esa relación de desigualdad y crecimiento económico trae la pregunta: ¿por qué Colombia no logra hacer crecer su infraestructura productiva para reducir la desigualdad? Dos economistas dan respuesta. 

De acuerdo con el diagnóstico de las economistas Marcela Eslava, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, el estancamiento en la creación de puestos de trabajo formales responde a diferentes factores, principalmente al divorcio entre las normativas del país y sus capacidades productivas. 

El primero, los costos no salariales elevados: primas, aportes a salud, pensiones, riesgos laborales e impuestos parafiscales, representando el 60 % del salario base para un trabajador que gana el mínimo legal. Esta cifra sitúa al país a la cabeza de América Latina en esos rubros. 

Si bien estas normas buscan proteger al empleado, en la práctica actúan como un peaje de entrada impracticable para empresas cuya baja productividad no compensa ese costo. 

Otro de los factores –muy debatido cada año en el mes de diciembre– es la desconexión del salario mínimo (SMMLV) con la productividad. Las economistas plantean, en uno de los artículos de Nota Macro, que el SMMLV al estar por encima de lo que el mercado laboral real puede soportar, deja a la mitad de la fuerza laboral ganando un monto inferior a este, desprotegidos y en su condición de informales por mucho más tiempo. 

Eslava señala que hay países como España que pueden tener costos extrasalariales más altos, “pero no tiene un salario mínimo que se aleja tanto del salario que muchas personas realmente ganan en Colombia”. 

Otro factor es la asfixia tributaria. Colombia registra la tasa de impuesto corporativo de renta más alta de la región, llevando a que, para mitigar este impacto, se creen regímenes tributarios especiales y simplificados para microempresas. El problema con esas alternativas son las "trampas de crecimiento": las empresas prefieren mantenerse artificialmente pequeñas (enanismo productivo) para evitar saltar a un régimen impositivo significativamente más caro. 

A este panorama de regulaciones se suma la brecha en capital humano. Aunque la cobertura educativa ha mejorado, los resultados en las pruebas PISA, que evalúan la capacidad de los jóvenes en lectura, ciencias y matemáticas, confirman deficiencias en estas competencias transversales. Sin estas habilidades, la inserción en procesos de producción modernos y sofisticados resulta inviable. 

El 44 % de los trabajadores son independientes, una proporción que supera la media de América Latina y cuadruplica la de los países de altos ingresos. 

No se trata de satanizar el emprendimiento o los negocios unipersonales, estos tienen un espacio en cualquier economía. Actividades como ciertos restaurantes o servicios profesionales operan de manera óptima a escala pequeña.  

Lo que sucede es que en el país muchos de esos emprendimientos son “creados como una alternativa de forma de vida sin capacidad de crecimiento, generación de empleo o crecimiento para el país”, dice Eslava. 

La profesora también advierte que no hay que “dejarse jalar por la grandilocuencia de la palabra emprendedor”, sino evaluar bien las opciones que ofrece el emprendimiento y la empleabilidad en cada caso.

Para romper el ciclo de exclusión y bajo crecimiento, la propuesta del informe de las economistas propone implementar una estrategia que articule el desarrollo productivo con la política social. Algunas de sus propuestas son: 

• Sincronización regulatoria: la revisión de los marcos laborales y tributarios para eliminar los que desincentiven el crecimiento de las empresas.  

• Inversión educativa con enfoque de empleabilidad: priorización de la política pública educativa de calidad y pertinencia de los aprendizajes desde la primera infancia, fortaleciendo habilidades básicas y transversales demandadas por el aparato productivo. 

• Consolidación de la política de innovación: unificar los esfuerzos de agencias y programas en pocas herramientas robustas y evaluadas que acompañen de forma directa la transferencia tecnológica en las empresas. 

• Defensa de la competencia: fortalecer la institucionalidad antimonopolio para evitar que el poder económico concentrado capture las decisiones de política pública y limite la entrada de nuevos competidores. 

Equidad y crecimiento económico no son agendas contrarias. En el contexto colombiano, ambas metas dependen de la misma palanca: transformar la organización productiva para la generación de empleo, logrando que más ciudadanos accedan a la riqueza generada en el país. Una labor que para las expertas debe priorizar el gobierno entrante y los futuros.