35 años de la Constitución del 91: un referente constitucional en América Latina.

En 1991, Colombia necesitaba una nueva forma de imaginarse como país. Venía de décadas de violencia, exclusión política, desconfianza institucional y una relación distante entre el Estado y la ciudadanía. La Constitución de 1886, vigente por más de un siglo, había construido un modelo más representativo que participativo: los ciudadanos eran representados, pero tenían pocos mecanismos reales para intervenir, exigir y proteger sus derechos.

La Constitución de 1991 apareció en ese contexto como una respuesta histórica: una transformación profunda en la manera de entender el poder, los derechos y la democracia.

“Fue un avance impresionante en todos los frentes. Lo primero que cambia es la estructura del Estado en sí mismo y la idea de lo que es la Constitución”, explica Ricardo Posada Maya, doctor y DEA en Derecho por la Universidad de Salamanca. Según el profesor, antes la Constitución permitía que los representantes del pueblo tuvieran mucho poder, mientras la ciudadanía tenía poca participación.

Ese cambio —de lo representativo a lo participativo— transformó las instituciones democráticas del Estado y abrió la posibilidad de que las personas participaran en decisiones públicas, políticas y económicas.

Pero la transformación no estuvo solo en abrir más espacios de participación. También estuvo en reconocer una carta amplia de derechos fundamentales, con un alcance que no existía en la Constitución de 1886, y en crear mecanismos efectivos para protegerlos.

“La Constitución de 1991 reconoce amplísimos derechos a la ciudadanía colombiana y, al mismo tiempo, establece mecanismos de protección efectivos para la garantía de estos derechos”, señala Libardo José Ariza Higuera, doctor en Derecho por la Universidad de Deusto.

El más visible de esos mecanismos fue la acción de tutela, una de las grandes innovaciones de la carta del 91. A través de ella, cualquier persona puede acudir de manera directa, rápida y sencilla ante un juez para pedir la protección de sus derechos fundamentales.

La combinación entre una carta amplia de derechos, mecanismos efectivos para exigirlos y una Corte Constitucional activa en su protección convirtió a Colombia en un referente constitucional dentro y fuera de América Latina.

Ese carácter innovador se expresa en varios frentes. “La Constitución del 91 se ha convertido en un referente por la audacia de su diseño constitucional: por el reconocimiento de Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural, por los mecanismos de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, y por la posición activa de la Corte Constitucional en la protección de los derechos fundamentales”, señala Libardo José Ariza Higuera, doctor en Derecho por la Universidad de Deusto.

Por otro lado, se refleja en la manera como la Corte Constitucional ha interpretado esa carta y ha desarrollado líneas jurisprudenciales sobre consulta previa, derechos territoriales de comunidades étnicas, protección de poblaciones históricamente excluidas, derechos de la población LGBTIQ+, interrupción voluntaria del embarazo y figuras como el estado de cosas inconstitucional.

“La jurisprudencia constitucional colombiana se estudia en muchas partes como un eje central. Es la que permitió llevar esta idea del proceso de paz y de los mecanismos de justicia transicional a un modelo inexistente en el resto del mundo, como un ejemplo para la solución de los conflictos”, explica Ricardo Posada Maya, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Eso no significa que la Constitución del 91 sea perfecta o que no requiera ajustes. Como toda carta política, ha sido reformada durante sus 35 años de vigencia y todavía enfrenta desafíos en temas como el equilibrio de poderes, la justicia, la relación entre instituciones y la aplicación efectiva de los derechos. Sin embargo, para los profesores, esos cambios no necesariamente requieren una Asamblea Constituyente, como se ha planteado en distintos momentos desde diferentes gobiernos y sectores políticos.

“El peligro de una gran constituyente o de una gran reforma constitucional es que eso es abrir la caja de Pandora. Una Constituyente no solo permitiría hacer ajustes puntuales, sino modificar la estructura básica y la esencia de la Constitución, con el riesgo de revertir avances en derechos, tutela y garantías para poblaciones históricamente protegidas por la jurisprudencia constitucional", advierte Libardo José Ariza Higuera, director de las áreas de Derecho Público Administrativo y Derecho Público Constitucional de la Universidad de los Andes.