Tres puntos clave para tres reformas en Colombia

Inicia un 2023 cargado de desafíos económicos a nivel global, agudizado por la guerra entre Rusia y Ucrania y, aún, con los retos por superar que dejó la pandemia. En este contexto, el gobierno de Gustavo Petro busca tramitar ante el Congreso de la República, tres reformas: laboral, a la salud y pensional. 

Teniendo en cuenta los costos que implican y el impacto que pueden tener en el rumbo del país y en la vida de los colombianos, expertos ponen sus ojos en estos proyectos de ley.

 ¿Qué caminos tomar?

Según Natalia Ramírez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en lo que debería concentrarse la reforma laboral es en mejorar los mecanismos que permitan un mayor cumplimiento de la ley:
 

1. Un mayor esfuerzo por parte del Gobierno, para que todos los trabajadores conozcan la ley laboral y estén al tanto de sus derechos y garantías.
    
2. Que los mecanismos de queja ante el Ministerio del Trabajo garanticen los derechos con los que cuentan los trabajadores. De fácil acceso y céleres en términos de la resolución de los conflictos.
    
3. Que las sanciones por incumplimiento de la ley laboral sean sancionadas, ya que, no penalizarlas hace que sea un mejor negocio incumplir la ley laboral actual, que cumplirla.   
    

Uno de los problemas del trabajo en Colombia es que la economía del país no produce la cantidad de empleos necesarios para ocupar a toda la población desempleada, sostiene Ramírez, quien además es directora del Área de Derecho Laboral de la Facultad. 

Frente a la reforma a la salud, Luis Jorge Hernández, director de investigaciones y profesor de la Facultad de Medicina, expone tres aspectos:
 

1. Estructurar un Modelo de Atención en Salud que responda a la Ley Estatutaria y al Derecho a la Salud, incluyendo las redes de servicios de salud públicas y privadas.
    
2. Definir quiénes serán los responsables del aseguramiento y la gestión del riesgo individual, asumiendo que las EPS se supriman.
    
3. Establecer cómo va a ser la gestión de los recursos de salud de casi 80 billones de pesos a través del Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) o la administración nacional de recursos del sector salud.
    

Por su parte, Laura Cecilia Porras, profesora de la Facultad de Derecho, analiza otro de los ejes de esta reforma: la eliminación de las EPS para que la plata sea girada directamente por la Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) a las IPS.  Al respecto la abogada advierte que "es una idea gravísima porque las EPS no son unas simples intermediarias, son aseguradoras y articuladoras del sistema de salud en Colombia. Volver a un sistema parecido a lo que teníamos antes de la Ley 100 me parece un retroceso y una equivocación que afectaría a los más pobres”, asegura.  

El último de los proyectos que despierta un fuerte debate a nivel nacional es la reforma pensional, la cual ha estado en la agenda del país durante varios años, pero no ha podido llegar a un consenso por parte de los últimos gobiernos.

Para Óscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía, esta iniciativa, que será presentada por el gobierno de Gustavo Petro, “debe procurar mejorar el bienestar económico de las personas mayores bajo principios de equidad y sostenibilidad fiscal”.

El doctor en Economía de la Universidad de British Columbia propone que la reforma:

1. Aumente la cobertura del programa Colombia Mayor, usando un esquema sostenible en el tiempo (esa última parte es incompatible con la idea de un sistema de pilares de cuatro salarios mínimos) y aproveche el ahorro pensional de las personas que no se logran pensionar, para que con ese dinero complementen los ingresos de Colombia Mayor. “En la actualidad ese dinero se devuelve a los afiliados y el sistema se olvida de ellos”.
    
2. Después de un tiempo de transición razonable, modere los subsidios que se destinan a los futuros pensionados en el esquema de reparto de Colpensiones, para que los beneficios estén en línea con las contribuciones de las personas.
    
3. Mejore el marco regulatorio que afecta a los fondos de pensiones y las aseguradoras, de manera que las pensiones derivadas de las cuentas de ahorro individual sean más altas.

Sobre el tema, Hernando Zuleta, también profesor de la Facultad de Economía de Los Andes, menciona que el Presidente planteó durante su campaña programas para adultos mayores sin pensión; para madres cabeza de familia de hogar vulnerable; Gobierno como empleador de última instancia; Médicos domiciliarios; y Mínimo vital de agua. Sin embargo, “El costo fiscal de estos programas es cercano al 10 % del PIB, y esto no incluye la compra de tierras. Claramente no hay espacio fiscal”, afirma el experto.