¿Más afiliados, menos acceso? El reto que enfrenta la salud en Colombia

Siete EPS intervenidas, deudas por decenas de billones de pesos y dificultades para acceder a los servicios de atención. A esto se suma una emergencia más reciente: un terremoto de magnitud 7,4 dejó alrededor de 300 establecimientos hospitalarios con algún tipo de daño estructural, cuya recuperación requerirá más de un billón de pesos. Ese es el escenario que muestra la presión que enfrenta el sistema de salud colombiano. 

Detrás de estas cifras surge una pregunta: ¿qué significa realmente estar cubierto por el sistema si acceder a una cita, recibir un medicamento o conseguir un tratamiento es cada vez más complejo? 

Según el profesor Óscar Bernal, de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes, la respuesta es no. Lo dijo en el Foro Visión y prioridades del sistema de salud colombiano, realizado en el marco de la celebración de los 20 años de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y organizado con la Fundación Santa Fe de Bogotá y el observatorio Así Vamos en Salud. 

El tamaño del problema financiero se puede leer en varias cifras. Según un informe de la Contraloría General de la República publicado el 31 de agosto de 2026, las EPS cerraron 2025 con deudas por $58 billones. De ese total, $47 billones corresponden a aquellas que ya están bajo intervención estatal. 

Durante el foro, la ministra de Salud, Ana María Vesga, detalló: “Tenemos siete EPS intervenidas, 22,4 millones de afiliados y patrimonios negativos que superan los 24 billones de pesos”. La consecuencia, advirtió la ministra, ya se siente en la atención a los pacientes. 

Antes de decidir cómo resolver el problema el sistema necesita saber cuánto debe, quién debe y a quién. Esa fue una de las propuestas de Jairo Restrepo, representante del Seminario Permanente sobre Reforma a la Salud, durante el encuentro: “Crear un Consejo Nacional de Salud y construir un libro blanco que permita reunir y hacer públicas las cifras del sistema”.

La idea es que Gobierno, EPS, hospitales, pacientes y demás actores puedan discutir sobre una misma información. Ramiro Guerrero, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y exviceministro técnico de Salud, señaló que “cualquier instancia nueva debería ser consultiva y técnica, mientras la decisión final y la rendición de cuentas permanecen en cabeza del Ministerio”.

La ministra Vesga planteó una necesidad similar cuando habló de las cuentas pendientes: "La única manera de estabilizar y de empezar a tomar medidas sobre esta crisis financiera, que se traduce en crisis de atención y en sufrimiento para los pacientes, es decirnos la verdad”.

Sin embargo, el desafío tampoco consiste únicamente en conseguir más recursos. Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, indicó que algunas reglas ya existen, pero no siempre se cumplen. “Y no es problema de la ley, es problema de las voluntades”. Como ejemplo, explicó que no se necesita cambiar una norma para pedirle a una aseguradora que acerque los servicios de salud a los territorios donde están sus afiliados. 

Guerrero coincidió desde otro ángulo. Para él, la libertad de elegir a qué EPS afiliarse puede ser una herramienta de participación ciudadana pero, para que funcione, el ciudadano necesita información de calidad y una oferta real de prestadores en todo el país.

A esto se suma el reto de los medicamentos. Óscar Bernal explicó que “7 de cada 10 medicamentos que se consumen en este país son importados” y que la producción nacional representa el 29 % del gasto en medicamentos. La cifra muestra lo relevante de las importaciones en el abastecimiento y planteó que el desafío es garantizar disponibilidad y precios sostenibles.

Los problemas actuales se cruzan con una transformación que seguirá aumentando la demanda de atención: Colombia envejece y las enfermedades crónicas y la multimorbilidad ocupan cada vez más espacio en la carga de enfermedad. 

Bernal recomienda no perder de vista el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el suicidio, las lesiones no intencionales y los accidentes de transporte, pues se ubican entre las diez primeras causas de carga de enfermedad en el país. La salud pública, por tanto, también tendrá que mantener la prevención como una prioridad.

A esa demanda creciente se suma un país que, según explicó el profesor de Los Andes, tiene apenas entre 1,3 y 1,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio de 8,7 de los países de la OCDE.

Y hay un dato que muestra la distancia entre afiliación y acceso: en 2025, cerca de 32 millones de personas fueron atendidas en el sistema, pero unos 12 millones no accedieron a una consulta durante todo el año. El problema, entonces, no es cuántas personas están afiliadas, sino cuántas efectivamente logran usar los servicios.

Y cuando la atención no llega a tiempo, el costo puede trasladarse a las familias. Según Afidro (Asociación de Industriales Farmacéuticos), el gasto de bolsillo —el dinero que las personas pagan directamente de sus ingresos para cubrir servicios, tratamientos o medicamentos— aumentó 57,3 % entre 2022 y 2025. En los hogares de menores ingresos creció 63,4 %, frente a 15,3 % en los de mayores ingresos. 

¿Qué decisiones quedan sobre la mesa? Durante el foro, la ministra Vesga planteó cinco frentes que también marcarán las acciones del próximo Gobierno:

• Cambiar los modelos de contratación, para revisar la manera en que se pagan y organizan los servicios. 
• Revisar la compra de medicamentos y buscar mecanismos de compra conjunta con otros países de la región para tecnologías de alto costo.
• Definir antes de terminar el año cuáles EPS son viables y qué ocurrirá con aquellas que no puedan continuar.
• Avanzar hacia un aseguramiento con lógica territorial, para que la organización de las EPS responda mejor a las necesidades y a la ubicación de los pacientes.
• Recuperar el flujo de recursos para que el dinero llegue de manera más efectiva a los prestadores y permita atender a los pacientes.

Los próximos cuatro años tendrán que mostrar si las medidas consiguen traducirse en algo que el paciente pueda notar: una cita a tiempo, un medicamento disponible, una remisión que no dependa de insistir durante semanas o un tratamiento que pueda continuar sin interrupciones. 

El reto de la salud colombiana no será solamente mantener la cobertura, sino lograr que esta se convierta en atención efectiva mientras aumenta la edad de la población y, con ella, la necesidad de servicios.