Seguridad sin confianza: la legitimidad de la policía en Colombia

La relación entre Policía y ciudadanía llega a este nuevo ciclo electoral marcada por heridas acumuladas. En Bogotá, por ejemplo, la percepción de inseguridad alcanza el 62 %, según cifras del informe Bogotá Cómo Vamos 2025. A ese malestar se suma una fractura de confianza alimentada por casos que quedaron en la memoria pública: la muerte de Javier Ordóñez Bermúdez en 2020, agredido durante un procedimiento policial registrado en video en el barrio Villa Luz; o el ocurrido en el Paro Nacional de 2021, cuando se reportó el uso indiscriminado de la fuerza en un contexto de confrontación entre manifestantes y uniformados que incluyó violecia física contra oficiales y el incendio de estaciones de policía.

En paralelo, crece la presión ciudadana por respuestas más severas contra la criminalidad. ¿Qué acciones se pueden realizar para mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía? 

Para Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, uno de los factores que más deteriora esa relación es la falta de consistencia en las interacciones policiales. El problema, explica, es que el trato no siempre es igual para todos: no se vive de la misma manera un control policial siendo joven, mujer o afrodescendiente. “Existen protocolos, pero muchas veces no se respeta esa homogeneidad, la brecha en el trato es tan grande que alimenta preocupaciones de sesgos y una percepción de discriminación, especialmente contra los jóvenes”. 

Esa brecha toca un punto especialmente sensible: la manera en que la autoridad ‘lee’ ciertos cuerpos y comportamientos como sospechosos. En la práctica, esa mirada puede traducirse en más fricción y controles más duros en el espacio público. Y el efecto sobre la legitimidad es inmediato: si un segmento de la población siente que el trato no es neutral, la institución pierde autoridad moral incluso cuando actúa dentro de la ley. 

“No quiero echar toda la culpa a la Policía: también es un factor estructural, la cantidad de funciones que el marco legal y el Congreso le han asignado a la institución”, señala Weintraub. En lugar de aliviar su carga, se le asignan tareas que terminan dispersando su misión principal. A su juicio, el núcleo del trabajo policial debería concentrarse en patrullar, disuadir el delito e investigar crímenes.

Otra consecuencia del deterioro institucional es el impacto sobre la denuncia. En contextos donde no hay confianza, las personas sienten que el proceso no va a avanzar y, por eso, deciden no denunciar. Weintraub subraya que, aunque la Policía sea la cara más visible del Estado, el avance de los procesos no depende de ella. Y, sin embargo, el costo termina cayendo sobre toda la cadena institucional: cuando se denuncia menos, se investiga menos, crece la impunidad y se debilita aún más la legitimidad del Estado. 

Michael Weintraub pone el foco en un punto incómodo del debate electoral: reconstruir una Policía debilitada. Señala que, en el gobierno actual, se retiraron muchos generales —especialmente al inicio— y con ellos se perdió conocimiento y capacidad de actuar. “Hay que hacer el compromiso de reconstruir esas capacidades. Sí, necesitamos más policías, aunque eso puede ser un sueño difícil de cumplir por temas presupuestales; pero, sobre todo, es muy preocupante que hoy tengamos ciudades importantes manejadas por comandantes con relativamente poca experiencia. Hay que pensar en un plan de choque para revertir esa tendencia”.

El segundo frente, añade, es restablecer el control territorial en amplias zonas del país donde hoy mandan grupos armados, sostenidos por rentas ilícitas que no se reducen a la cocaína: también incluyen el oro ilegal, el contrabando y otras economías criminales. Sin ese piso, cualquier estrategia urbana se queda corta.

El cierre de esa ecuación, insiste, está en el sistema judicial. “Hay que pensar en reformas a la justicia”, afirma, porque de poco sirve capturar si los procesos no terminan en sanciones reales. Cuando no hay condenas efectivas, la ciudadanía interpreta que el Estado falla y la desconfianza recae sobre la Policía, ‘la cara más visible’ de la justicia en la calle. Weintraub lo lleva al extremo para ilustrar el punto: "Si fuera cierto que 90% de las personas capturadas por robo vuelven a las calles”, es inevitable que la relación entre Policía y ciudadanía se rompa.

Por eso, concluye, el debate del próximo gobierno debería incluir medidas para reducir la reincidencia, aumentar la efectividad de las condenas y revisar el estado del sistema penitenciario. Las cárceles, advierte, se han convertido en espacios donde el crimen organizado mantiene un control significativo, lo que debilita cualquier esfuerzo por recuperar seguridad y legitimidad.