La inversión en la primera infancia se pierde en los datos

La economía y la neurociencia coinciden, la inversión pública para la atención integral de los niños y niñas en sus primeros seis años es una de las mejores inversiones para un país.  

En los primeros dos años, el cerebro desarrolla el 80 % de su capacidad cognitiva y multiplica sus conexiones neuronales, por lo que prevenir brechas de aprendizaje en la infancia es más fácil y económico que intentar remediarlas en la adultez. Investigadores como el Premio Nobel de Economía James Heckman señalan que los programas integrales de primera infancia devuelven entre 6 y 17 dólares por cada dólar invertido a lo largo de la vida del niño. 

El Estado colombiano conoce estos argumentos y tiene un marco normativo, respaldado por la Constitución y la Ley 1804 de 2016 ("De Cero a Siempre"). Sin embargo, como advierte la Nota Macro N° 73 de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, el problema del país no es la falta de leyes, sino la incapacidad técnica e institucional para saber exactamente qué atenciones recibe cada niño. 

Las consecuencias de no cruzar la información tienen un costo financiero y humano para el país. Un ejemplo fue lo ocurrido en Bogotá, cuando 1.315 niñas y niños fueron atendidos simultáneamente por el ICBF y la Secretaría Distrital de Integración Social durante 2024 y 2025. Ninguna de las entidades verificó si el menor ya estaba cubierto. En junio de 2026, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de $2.603 millones en ese caso. 

Para la profesora Ana Sofía Penhá, coautora de la Nota Macro, no cruzar información genera problemas graves. “Primero, consume y duplica recursos públicos; y segundo, invisibiliza a otros niños que necesitan atención y quedan por fuera del sistema porque en el papel las metas ya figuran como cumplidas".

Esta "invisibilidad" es más crítica en la ruralidad o en zonas golpeadas por el conflicto armado, donde las fallas de registro impiden que los presupuestos lleguen a quienes enfrentan mayores privaciones. Cuando los datos no se cruzan, los sistemas de alerta temprana fallan y las violaciones a los derechos de la niñez se ocultan tras discontinuidades administrativas.  

Esto se agrava con la necesidad de que sean programas idóneos. “Para que cualquiera de esos programas tenga impacto, debe ser excelente. Así como decimos que la primera infancia es la política más rentable, también es la única política que muestra evidencia de que si no es de alta calidad perjudica al beneficiado”, advierte Raquel Bernal, coautora del artículo y rectora de la Universidad de los Andes. 

Atender a un niño de forma integral requiere garantizar salud, nutrición, educación inicial y protección. Como estas tareas están repartidas entre el ICBF, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y las alcaldías, la información está fragmentada. 

Actualmente, el Estado cuenta con herramientas como el Trazador Presupuestal del DNP o el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI), pero resultan insuficientes para la toma de decisiones diarias. Para Penhá, el Trazador compila cuánto se destina a la primera infancia, pero no se actualiza en tiempo real, impidiendo detectar cuánto va exactamente a nutrición, a salud o a protección contra la violencia. 

Para la investigadora, la falla estructural radica en que el sistema actual mide en conjunto, pero no sigue a cada niño. "Así como cuando vas al médico y el sistema despliega de inmediato todo tu historial clínico, debería existir una plataforma unificada donde, con el número de identidad de cada niño, cualquier entidad sepa qué atenciones ha recibido, cuáles le faltan y en qué contexto vive", señala Penha. 

Mucho se ha hablado de la necesidad de atención a las comunidades de La Guajira, pero las noticias siguen siendo negativas. La Corte Constitucional, haciendo seguimiento a una sentencia de 2017, casi diez años después, tuvo que ordenar, una vez más, medidas urgentes para proteger la salud y la vida digna de la niñez Wayuu. Una de las grandes falencias, como señala el diario El Espectador, es de información: “el Estado no sabe con certeza cuántos niños Wayuu debe proteger”. 

Los expertos coinciden en que la solución no pasa por aumentar el presupuesto a ciegas, sino por diagnosticar dónde están las verdaderas carencias por región. “No es lo mismo lo que necesita un niño en La Guajira que uno en Bogotá o en una zona rural golpeada por la violencia", dice Penhá. 

Para lograr que la política pública funcione, los expertos delinean propuestas como: 

• Unir el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI) con los registros de salud, educación y nutrición para hacer un seguimiento nominal por cada niña y niño. 
• Contar con una matriz pública de planeación territorial. Lograr que alcaldías y gobernaciones conecten cada problema diagnosticado con metas e indicadores presupuestales verificables. Hoy, según la Contraloría, cerca de dos de cada tres ciudades capitales (21 de 32) muestran niveles medios o bajos en la inclusión de programas para la niñez en sus planes de desarrollo.  

• Explorar una fórmula dentro del Sistema General de Participaciones que asigne recursos específicos para la primera infancia según las características y vulnerabilidades de cada territorio, reduciendo la dependencia de asignaciones centralizadas. 

   

El documento concluye, entre otras cosas, que el cierre de estas brechas de información y presupuestales no necesita nuevas leyes, sino “voluntad política sostenida” para que haya mejor articulación entre las instituciones que atienden lo que puede ser una de las mejores inversiones de una nación, la primera infancia.