Datos abiertos de Colombia: para conocer, analizar y exigir

En medio de una charla tranquila, dinámica y sin sesgos se realizó el conversatorio de datos y gobierno abierto, un tema del que poco se conoce entre la ciudadanía (ver en galería sondeo), y vital para que los colombianos le exijan al gobierno hacerse responsable por sus políticas y prestación de servicios públicos.

En la página web de Datos Abiertos de Colombia se indica que este concepto se basa en que la información creada por la Administración Pública pertenece a la sociedad, dado que ha sido financiada y recopilada con dinero público y por lo tanto debe estar a disposición de cualquier ciudadano y para cualquier fin; sin embargo, en medio del conversatorio diversos asistentes expusieron que la información publicada no es de fácil entendimiento y a la comunidad le falta una cultura de control y conocimiento de este tipo de tecnología.

Miguel García Sánchez, co-director del Observatorio de la Democracia, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, se refirió al último punto y comentó que “el problema que tiene Colombia es la brecha educativa y mientras persista los ciudadanos no tendrán la capacidad de apropiarse de esta tecnología. A nivel de educación media y superior los jóvenes tendrían que desarrollar el conocimiento para conocer esa información, porque vivimos en un medio en el que hay miles de fuentes disponibles”.

Por su parte, Camilo Cetina, secretario encargado de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, resaltó que el manejo de datos abiertos ya no es un tema de ley sino de dar a conocer esta herramienta en la sociedad. “Hay que empezar a posicionar más lugares como los portales de Datos Abiertos de Colombia (www.datos.gov.co/), el de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda (www.pte.gov.co/WebsitePTE/), o el de Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.gov.co/).

Resaltó que el acceso a la información es un derecho fundamental, “porque esto permite ingresar a datos de otros derechos fundamentales, este es el principal incentivo que puede tener cualquier ciudadano: mirar qué oferta institucional tiene, qué derechos o qué le puede exigir al estado”.

Explicó que en este momento los sujetos obligados a publicar datos son más de 68 mil, “estos incluyen 35 mil instituciones educativas, también están las entidades de derecho privado, las organizaciones que manejan recursos públicos, cajas de compensación, los partidos políticos, las entidades gubernamentales. Son demasiadas las entidades que deben producir datos y permitir acceder a esa información de manera permanente”.

Otros panelistas en el conversatorio de datos y gobierno abierto fueron Iván Castaño, del Viceministerio de las TICs; Santiago Virguez, coordinador de Congreso Visible; Sara Trejos, investigadora de Burócratas; María del Pilar Saenz, de la Fundación Karisma; Víctor García, director de UberFlug, y Mónica Villegas, gerente de proyectos de la Fundación Corona.