Contratos por prestación de servicios sí afectan la calidad del empleo público
Una investigación de Los Andes analiza las diferencias entre contratistas y empleados de planta, así como sus implicaciones para el sector público.-
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En la última década hay un notable aumento en los contratos por prestación de servicios en el país. Cifras de Colombia Compra Eficiente también evidencian el crecimiento entre 2014 y 2016: pasó de 189.357 contratos a 243.427, “en la mayoría de los casos con el objetivo de desempeñar funciones permanentes de la administración pública. Bogotá, Cali y Cartagena fueron las ciudades con el mayor número de contratos en este periodo”, según la investigación.
Los costos de este fenómeno son enormes: tanto para quienes asumen estos contratos, pero también para el sector público. “Puede afectar la continuidad de las políticas públicas y afectar la gestión del conocimiento dentro de las entidades, porque muchas personas desarrollan labores vitales y que generan información que, si se van, se pierde”, agrega Sanabria.
La disminución en un 37 por ciento del salario y la insatisfacción con su trabajo y la jornada laboral son dos de los aspectos que evidencian una brecha en la calidad del empleo público entre contratistas de prestación de servicios y trabajadores de planta del sector público en Colombia.
Óscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía, asegura que este tipo de contratación ha crecido con el tiempo y que se viene estabilizando. De hecho, la mayoría de jóvenes que entran al sector público, lo hacen bajo este tipo de modalidad. “Esto puede traer malas prácticas por parte de algunos grupos de interés como lo hemos visto con algunos políticos que usan estos contratos como sus fortines políticos”, agrega Becerra.
En 2007, solo un 20 por ciento de quienes ingresaron al mercado laboral lo hicieron por prestación de servicios. En 2017 esta proporción aumentó al 70 por ciento.
Este tipo de contratación podría traer efectos negativos como la falta de continuidad de políticas, patronazgo político, la alta rotación de personal y la atracción de personas no motivadas al servicio público.
Para contrarrestar estos efectos, la investigación recomienda crear mecanismos que permitan regular y definir unos techos presupuestales y unos límites en términos de funciones, cargos y el número de contratos que puede tener cada entidad. Además de contar con datos en tiempo real que permitan saber dónde están y cuántos son el número de contratos por prestación de servicios.
María Alejandra González Arenas, investigadora asistente, explica que debe haber un seguimiento a las entidades, identificar el tope máximo de contratos y revisar aquellas en donde los trabajadores por prestación superan a los de planta.
“Adicionalmente es importante identificar cuáles serían las condiciones laborales que tienen estos contratistas”, añade González.
Uno de los casos más emblemáticos sobre el reconocimiento de derechos se dio el año pasado, cuando la Corte Constitucional ordenó a la Secretaría de Salud de Bogotá vincular como trabajadora de planta a Charlotte Schneider, tras no renovar su contrato luego de cumplir 10 años de ser contratista.
La Corte Constitucional ordenó a la Secretaría de Salud de Bogotá vincular como trabajadora de planta a Charlotte Schneider (de gorro en la foto), tras no renovar su contrato luego de cumplir 10 años de ser contratista. Foto: Mauricio Laguna.
La investigación también revela que la posibilidad de contar con una jornada flexible parece ser el único aspecto en el que contratistas no están en desventaja con sus pares de planta, aunque en algunos casos esto no ocurra. Además, los hombres contratistas que viven en ciudades secundarias presentan brechas superiores en calidad del empleo público.
El director del proyecto Pablo Sanabria, la investigadora María Alejandra González y el profesor Óscar Becerra, quienes elaboraron la Nota de Política 35, también plantean la necesidad de estudiar a largo plazo los efectos de la contratación personal y generar evidencia sobre su utilidad como herramienta de gestión, para que no afecte la profesionalización e independencia del empleo público en el país y así no se generen riesgos de corrupción.