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Por: Margarita Gómez
Ombudsperson Universidad de los Andes

Las recientes conductas de maltrato, acoso, amenaza y discriminación (muchas de las cuales se han llevado a cabo por medio de las redes sociales) han tenido un impacto mayor en la convivencia, puesto que han lesionado los derechos fundamentales y el bienestar de algunos integrantes de la Universidad de los Andes. Esto ha planteado a la Institución el reto de comprender por qué se presentan estas conductas y cómo enfrentarlas para proteger la integridad y dignidad de sus miembros. Visto de esta manera, la postura uniandina frente a los hechos recientes es una postura del cuidado, de la atención y de la escucha.

Los mecanismos de protección y atención que ha implementado la Universidad han llevado a escuchar a las personas que son receptoras de estas conductas, a terceros y a quienes han sido responsables directos. Lo anterior ha permitido identificar: (i) que la competencia de la Universidad para intervenir en el manejo de estas conductas se extiende a aquellas hechas en el ámbito virtual o por fuera del campus; (ii) que los reglamentos y políticas institucionales no solo deben contemplar medidas punitivas sino también medidas preventivas, formativas y restaurativas; (iii) que es necesario llevar a cabo el debate académico, dado que hay un sector de la comunidad que considera que las conductas por las que muchos manifiestan rechazo son expresiones de sus libertades y, por tanto, no lesionan la dignidad del ser humano.

Estas situaciones han demandado una respuesta oportuna y asertiva tanto de la Universidad como de sus miembros, por lo cual se han hecho las siguientes acciones: (i) la modificación de los Reglamentos de Estudiantes y el Reglamento de Trabajo para incorporar prácticas formativas y restaurativas y permitir la intervención en conductas ocurridas por fuera del campus; (ii) la creación del protocolo y el Comité MAAD para proteger de manera inmediata y temporal la integridad y bienestar de los afectados; (iii) la puesta en marcha de campañas para entender estos hechos y sensibilizar a las personas acerca de los efectos nocivos de estos y cómo pueden evitarlos; (iv) la divulgación de los canales de denuncia para poner en conocimiento de la Universidad una irregularidad bajo el principio de libertad de escogencia; (v) la gestión del Ombudsperson para facilitar la resolución de conflictos de convivencia por la vía del diálogo y la mediación; (vi) la apertura de espacios académicos de discusión en los que participen grupos con ideas contrarias y se discutan posturas opuestas acerca del ejercicio de las libertades.

La Universidad tiene como propósito fomentar y establecer espacios libres de maltrato, acoso, amenaza o discriminación, así como propiciar la libertad de pensamiento bajo principios de pluralismo, tolerancia y respeto. Dado que estos objetivos hacen parte de la razón de ser de la Universidad, cada miembro de la comunidad tiene el compromiso de proponer nuevas acciones encaminadas a cuidar de la integridad y dignidad de los otros y a fortalecer las relaciones de convivencia.

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