Liberar las cárceles
Viernes, 24 de agosto de 2012 16:50

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Por: Manuel Armando Sarabia Acevedo
msarabia@uniandes.edu.co

Prioritaria la ubicación
La propuesta de cambio de los regímenes carcelarios colombianos sería discutida en el Congreso (la presentaría el Ministerio de Justicia para este nuevo periodo del Congreso que inició el 20 de julio pasado. El Gobierno sería el encargado de impulsar los debates necesarios sobre el tema y buscar descongestionar las cárceles del país.

A Pedro Garzón le cambiamos el nombre para esta nota porque así lo pidió. Tiene 27 años aunque aparenta diez más, 1,60 metros de estatura, 50 kilos de peso, facciones demacradas y ojos color miel con mirada perdida. Salió hace ocho meses y medio de la cárcel Modelo de Bogotá, donde pagó un poco más de tres años de condena por hurto, y es la segunda vez que intenta rehacer su vida. En 2004 fue capturado por robar un bolso y estuvo dos años en prisión.

Con voz pausada, él escoge cada una de sus palabras. Aunque admite su responsabilidad en los dos robos, esgrime un atenuante que, según él, la justicia no tuvo en cuenta: sus padres lo  abandonaron cuando tenía 16 años y se convirtió en habitante de la calle.

“La primera vez me cogieron por Paloquemao. Hacía día y medio no comía y vi una señora con el bolso ‘pagando’. Ni supe cómo se lo quité. Pensé luego para qué lo había hecho, llevaba años en la calle y nunca me había metido en problemas”, cuenta –o se reprocha–.

“Pero ya qué…”

El juez del caso consideró arresto domiciliario, era la primera vez que delinquía y su motivación parecía forzosa, pero Pedro no tenía casa. Pagó su pena en prisión.

Dos años después de salir de la cárcel seguía viviendo en las calles, reciclaba para ganar unos pesos, pero un grupo de ‘montadores’, como los llama, se la montó y lo sacaron. Dice que por hambre se lanzó por una chaqueta de cuero que una universitaria sostenía bajo su brazo en la Avenida Jiménez con Carrera 3ª. Dos cuadras más abajo fue detenido por agentes del CAI.

“Ahí supe que lo mío no era robar. Soy tan malo para eso que las dos veces me cogieron, era reincidente. Me dieron tres años largos que fueron una pesadilla. Allá uno vive muy mal, sin casi comida, sin poder ir al baño, defendiéndose a toda hora, durmiendo como sardina enlatada”, recuerda Pedro con la clara intención de no querer repetir.

“Pero ya qué…”

Para Manuel Iturralde, abogado y doctor en derecho del London School of Economics y profesor de Derecho de Los Andes, para evitar casos como el de Pedro es urgente revisar y cambiar el régimen penitenciario colombiano, que cuenta con altas penas y una baja rotación que han generado un hacinamiento de cerca del 50% en el promedio nacional y en más de 100% en las cárceles de las ciudades más grandes del país.

“La idea es que las personas no solo paguen su pena, sino que también se resocialicen. El Estado debe ayudar con herramientas para una reintegración real y eso no está sucediendo debido a la baja cobertura de los programas de resocialización, su mala calidad, el presupuesto y las actividades poco competitivas en las que se forman los internos”, explica Iturralde.

Ante los múltiples problemas de las cárceles en el país, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Política Criminal Penal buscaron a Iturralde y a Libardo Ariza, doctor en derecho de la Universidad de Deusto (España), también profesor en Los Andes y miembro de la Relatoría de Prisiones, para que propusieran una reforma en el régimen carcelario que descongestionara las penitenciarías y diera un mejor manejo a los condenados, según su perfil, la gravedad de su delito y el grado de resocialización requerido.

De acuerdo con Ariza, la propuesta de la Relatoría de Prisiones consiste en cuatro regímenes que variarán para cada caso y cuya aplicación será determinada por un juez.


Algunas cifras
107.320 reclusos (99.211 hombres y 8.109 mujeres) esperan, en cárcel, sentencia o pagan condena.
75.676 presos caben, en teoría, en las cárceles. 
41,8% es el índice de hacinamiento en el país. El promedio más grave es el de Riohacha con 296%. Le siguen Valledupar (216%), Magangué (211%), Cali (209%), Medellín (201%), Caucasia (198%), Santa Marta (189%), Barrancabermeja (178%), Armenia (172%) y Bogotá – Modelo (158%).
40 mil pesos diarios le cuesta al Inpec mantener un recluso.
Un médico, cinco enfermeras y cinco odontólogos atienden a los 7.516 presos en La Modelo, de Bogotá. Dos sanitarios y tres duchas están disponibles para patios de 2.500 personas.

El primer escalón

“El régimen abierto es el más novedoso y puede ser también el más polémico. Consiste en que las personas salgan de las prisiones de lunes a viernes, durante el día, y estén recluidas durante las noches y los fines de semana. Durante su tiempo fuera de la cárcel tendrán que realizar actividades establecidas por el Estado y podrán tener contacto con su familia y allegados para facilitar su resocialización”, explica Ariza, quien también precisa que solo podrán acceder a esta clasificación quienes cometan delitos de bajo impacto por primera vez y demuestren una situación de vulnerabilidad que los llevó a delinquir.

Ambos, Iturralde y Ariza resaltan de este régimen abierto que para personas como Pedro, llevados a cometer delitos por primera vez por situaciones sociales complejas, esta modalidad podría convertirse en un llamado de atención para que consideren sus actos, se resocialicen y realicen actividades que los ayuden a subsistir de otras maneras.

El segundo régimen es el semiabierto y consiste en que personas que también han realizado delitos de bajo impacto, con situaciones sociales vulnerables, pero que son reincidentes cumplan su condena en instalaciones de baja o media seguridad, de lunes a viernes dentro de la prisión, y puedan salir los fines de semana, siempre bajo supervisión del Estado o las entidades territoriales locales, para realizar actividades dirigidas y tener espacios de encuentro y resocialización con su familia y su círculo social.

Pedro, en su segunda captura, podría haber sido cobijado por esta modalidad. Según los abogados proponentes, estos casos aún se pueden considerar como una alarma para que la persona replantee su modo de vida y para que el Estado tenga en cuenta sus condiciones.

Más fuerza

Claro, no todos los presos son Pedro ni todos se robaron una chaqueta de cuero. El 15 de diciembre de 2011, los primos Miguel, Guido y Manuel Nule fueron condenados por peculado a 90 meses de prisión y a pagar una multa de $10.042 millones de pesos por la apropiación de $66.000 millones en anticipos para las obras de la malla vial de Bogotá. En junio de 2012 su condena fue cambiada a 14 años y 11 meses. En su momento llamados por la revista Semana como ‘los nuevos cacaos’, ahora son estrellas del ‘cartel de la contratación’ y las imágenes de sus sitios de reclusión generaron una fuerte polémica en el país.

Comprometidos a servir de testigos contra otros implicados y a aportar información, recibirían pronto juicio sobre once investigaciones por cohecho, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado y se tendrían en cuenta los bienes que adquirieron previamente a los hechos investigados para fueran excluidos de un eventual proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con la Relatoría de Prisiones, para los Nule podría aplicar un tercer régimen: el semicerrado.

Esta modalidad cobijaría a personas que han cometido uno o varios crímenes de alto impacto y que deben estar en prisión permanentemente, con el beneficio de un mayor número de visitas a la semana.

“Cubriría a personas con condenas por delitos graves como secuestro, abuso sexual, peculado, estafa, falsedad en documentos públicos o privados y concierto para delinquir, entre otros. Permitiría un mayor ingreso del mundo exterior a la cárcel con más visitas para facilitar la resocialización”, explica Libardo Ariza.

El pasillo del fondo

Hay un último escalón en este tema y tiene que ver con delitos escalofriantes. Casos como el de Javier Velasco, detenido por la violación, las lesiones y la muerte de Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional de Bogotá; el de Luis Alfredo Garavito, condenado a 40 años por la violación y el asesinato de cerca de 200 niños en Colombia y Ecuador; o el de Johana Macías, condenada a 37 años y seis meses por el asesinato de su hijo Esteban Alejandro de seis días de nacido, pertenecerían al cuarto régimen propuesto por la Relatoría de Prisiones: el cerrado.

Esta modalidad, aplicada actualmente a prisioneros que cumplen su condena en cárceles, consiste en encierro total con derecho a una sola visita a la semana. Los cobijados por este régimen serían las personas que han cometido delitos graves y cuyos casos requieran reclusión en establecimientos de alta o máxima seguridad.

De acuerdo con Manuel Iturralde, con estos cuatro regímenes se busca optimizar el sistema penitenciario, reducir el hacinamiento –de 158% en La Modelo, de Bogotá, por ejemplo–, bajar los gastos del Estado en manutención de cada recluso y establecer programas sociales para combatir las causas generadoras de delitos.

“La solución para el hacinamiento no es construir más cárceles. Los edificios se van a seguir llenando. La idea es que la población carcelaria baje por un índice más alto de rotación y por la reducción de los crímenes”, concluye Libardo Ariza.

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